El fiscal general del Estado ha sido condenado por magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo como autor responsable de un delito de revelación de datos reservados, a las penas de multa e inhabilitación especial para el cargo, responsabilidad civil y costas procesales. Ante un hecho tan grave como inédito, los ciudadanos se preguntarán si el tribunal ha actuado conforme a Derecho, o por el contrario si su resolución ha estado influida por las emociones personales o el ambiente tóxico que actualmente rodea a la política. El presidente del tribunal enjuiciador participó con otros dos magistrados del tribunal en unas charlas, presumiblemente retribuidas y organizadas por una de las acusaciones particulares del juicio e incluso afirmó públicamente que se retiraba a poner la sentencia, cuando ello significaría que se excluía de ello a la ponente designada y se conformaba una mayoría de signo contrario. Se revelaba con ello parte del secreto de las deliberaciones en un juicio que precisamente versa por el delito de revelación de secretos.

Como jurista y observador del devenir de la instrucción y del juicio, en lo que se ha podido saber por los medidos de comunicación hasta la lectura de la sentencia, irrazonablemente postergada en el tiempo, tengo que reconocer que me parecía imposible que con el pobre bagaje probatorio conocido se pudiera alcanzar una sentencia condenatoria y me preguntaba incluso si era razonable el mismo enjuiciamiento. Las pruebas debían superar sin duda razonable el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Pero también debo reconocer que me quedé perplejo cuando escuché al presidente del tribunal decir al periodista que si estaba amenazando al tribunal, cuando como testigo declaraba que la fuente del secreto procesal revelado no era el Fiscal General, pero que por su código deontológico no podía revelarla. El periodista solo estaba defendiendo uno de los presupuestos básicos del derecho constitucional a la información y el derecho de la sociedad a ser informado, la confidencialidad de las fuentes. Si era evidente que el periodista no estaba amenazando al tribunal, lo único que podía amenazar era la convicción de una........

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