Uno de los silencios más clamorosos del sistema internacional es la exclusión de la RASD de Naciones Unidas. Se trata de una anomalía que no se explica por carencias jurídicas o institucionales, sino por la combinación de intereses estratégicos y vetos de las grandes potencias, en especial Francia y Estados Unidos. La cuestión saharaui pone en evidencia la distancia entre el derecho proclamado y el poder ejercido, entre los principios universales de la Carta de la ONU y el bloqueo del Consejo de Seguridad, entre la justicia de los pueblos y la hipocresía de los gobiernos. Y expone un doble rasero intolerable: mientras se admiten como miembros plenos microestados europeos de apenas unas decenas de kilómetros cuadrados, se margina a un país de 266.000 km², más extenso que el Reino Unido o Italia, con una población superior a la de varios estados ya integrados en la ONU y con un movimiento nacional que ha demostrado una extraordinaria capacidad de organización.

El artículo 4 de la Carta de Naciones Unidas establece que pueden ser admitidos como miembros todos los estados amantes de la paz que acepten las obligaciones de la Carta y estén capacitados y dispuestos a cumplirlas. La admisión exige la recomendación del Consejo de Seguridad y la aprobación de la Asamblea General por mayoría de dos tercios. En el caso saharaui, los requisitos están cumplidos con creces. En cualquier otro caso, la admisión sería automática. Lo que la bloquea no es la falta de legitimidad, sino el uso interesado del veto por parte de potencias con asiento permanente en el Consejo de Seguridad.

Frente a los que niegan la........

© Deia (Tribuna Abierta)