El caso de Aurora es uno más de entre las miles de personas desahuciadas. Todas se han quedado sin hogar porque la vivienda se ha convertido en objeto de especulación de caseros pequeños, medianos o grandes.

Aurora, mi madre, vivía en un edificio de Getafe, Madrid, desde hacía más de diez años y, en total, pasó 76 años viviendo entre esa calle y la calle perpendicular, a la que daba su balcón.

El previo

En julio de 2022, los dos hermanos propietarios del edificio se reunieron con los vecinos para comunicarles la subida del alquiler. Estos pidieron que acabara el contrato para aceptarla. Uno de los dos propietarios comentó que no tenía dinero (aunque con la ley actual hubiera sido calificado de gran tenedor); que la subida tenía que ser efectiva a partir del mes siguiente o que de lo contrario vendería la finca. A los pocos días, envió un burofax a todos los vecinos y les dio un mes para abandonar las viviendas. Aproximadamente al mes, llegaron las demandas por finalización de contrato. El antiguo y el nuevo propietario, la empresa Dapamali Works, iban a compartir abogado.

Las visitas

Poco después llegó un hombre con una tarjeta (bastante fea) en la que se leía ‘Desokupa’. Se la fue dejando a todas las vecinas excepto a mi madre, que la rechazó. No tardó en aparecer de nuevo para decirle a mi vecina que tenía que irse de la casa: una migrante separada y madre de un niño pequeño y una bebé. Llamamos a la policía, pero no lo identificaron.

El hombre de Desokupa le dijo a mi vecina, migrante y madre separada de dos niños, que se fuera de su casa

Estuvo visitándonos durante dos años. También nos enviaba mensajes por WhatsApp. El día de Reyes de 2024 nos trajo un regalo: el anuncio de que el edificio había sido declarado en ruinas y que nos iban a desalojar. Contestamos diciendo que ya iríamos nosotros al departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Getafe para que nos lo confirmara. Aquel hombre subestimó nuestros conocimientos y nuestras capacidades.

El juicio

La fecha del juicio se aplazó de abril hasta octubre de 2023. En abril se vendió la finca a Dapamali Works. Recibimos asistencia jurídica a través del turno de oficio. El día del juicio no se presentó la procuradora y gracias a una amiga abogada que estaba en el juzgado me enteré de que se la podía sancionar. No entro en detalles del juicio por inseguridad legal.

La sentencia

El juez firmó la sentencia rápidamente. Y en efecto, el Juzgado Nº3 de Getafe da la razón a la propiedad y da por finalizado el contrato. No entendí por qué me condenaron a pagar los alquileres dado que le habíamos seguido pagando al antiguo propietario hasta un mes después de celebrarse el juicio. Lo hicimos así porque no teníamos los datos de la nueva empresa propietaria (recientemente, el Sindicato de Inquilinos nos informó de que los nuevos propietarios están obligados a comunicar la dirección por burofax. Pero nosotros nunca recibimos esa comunicación).

El abogado nos dijo que no se puede recurrir la sentencia porque había que abonar........

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