Hay una constante histórica de la que nadie parece ser demasiado consciente. Igual que los descensos repentinos en las bolsas acostumbran a anunciar una inminente recesión, cuando en un Estado algunos de sus jueces se han dedicado a hacer lawfare, es decir, a prevaricar para defender una opción política, y lo practican con inusitada frecuencia o al menos en casos relevantes, se ha producido, tarde o temprano, una reacción popular que, de un modo u otro y con más o menos sinsabores, ha provocado un cambio de régimen, e incluso a veces un cambio de época. Igual que con la caída de los valores bursátiles, hay excepciones y también otros factores que a veces acaban siendo preponderantes en el cambio. Sin embargo, la degradación de la confianza ciudadana en una Justicia que, incluso, se había llegado a admirar, no parece ser irrelevante para el devenir histórico.

Ha ocurrido demasiadas veces como para no prestarle atención al fenómeno. Dejando al margen la represión judicial propia de las dictaduras, en las que el juez sólo es una pieza sumisa del sistema autoritario, tal vez el ejemplo científicamente más evidente es el acaecido en el siglo XVII en Inglaterra. Hubo algún rey que, interesado en mantener su poder por diferentes razones –económicas, sobre todo–, se dedicó a utilizar a sus jueces para encarcelar o eventualmente ejecutar a rivales políticos con pretextos que podían parecer legales, pero que a ojos de todos no lo eran, tampoco a los ojos de las propias leyes. Cuando, tras esos excesos, en 1645 fue decapitado el principal responsable de los abusos, Carlos I, se abrió un periodo republicano-dictatorial. Poco después volvió la monarquía, pero en 1688, Jacobo II –tras algún otro caso sonado de lawfare– fue expulsado del trono; el Parlamento obligó entonces al que fue nuevo rey –de........

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