Sostiene el Tribunal Supremo que la persona nombrada por el Gobierno para presidir el Consejo de Estado no tiene reconocido prestigio. Magdalena Valerio fue ministra, diputada, consejera y ejerció muchos otros cargos públicos en una carrera excelente. Pero el alto tribunal dice que la comunidad jurídica no la tiene en demasiada estima, de modo que su reputación jurídica no es suficiente como para nombrarla para tan alto puesto. Y ha anulado el nombramiento, porque la ley exige que solo puedan acceder al cargo los juristas de reconocido prestigio.

Hay quien ha interpretado la decisión como un ataque al Gobierno que formaría parte de la guerra judicial que algunos tribunales han emprendido contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, dispuestos a impedir el desarrollo de políticas progresistas. No sé si es realmente el caso. De lo que no hay duda es de que estamos ante un nuevo episodio de expansión de las atribuciones judiciales: tribunales que invaden el terreno propio del poder ejecutivo y sustituyen el criterio de oportunidad de los órganos políticos por el suyo propio.

Estamos ante un nuevo episodio de expansión de las atribuciones judiciales

Efectivamente, la Ley del Consejo de Estado dice que su presidente será nombrado “libremente” por el Gobierno entre juristas de reconocido prestigio y con experiencia en asuntos de Estado. El Tribunal Supremo, por primera vez en su historia, ha decidido que le toca analizar si coincide o no en eso del prestigio. Para ello parte de que lo que exige la ley es tener “pública estima obtenida en el ejercicio de una profesión jurídica”. Es decir, sostiene el Tribunal Supremo que solo puede ser nombrado quien por el ejercicio prolongado de una profesión jurídica tenga un dominio tan notable del derecho “que despierte el aprecio profesional” entre sus compañeros. Una y otra vez alude a la “pública estima en la comunidad jurídica” que necesita el candidato.

Llegados a ese punto, el Supremo concluye simplemente que la persona designada, pese a ser licenciada en Derecho, experta en derecho del trabajo y haber formado parte durante años como vocal de la comisión de justicia del Congreso, no tiene........

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