La administración del presidente Rodrigo Paz Pereira enfrenta una contradicción que refleja los problemas estructurales de la gestión pública en Bolivia. Aunque su gobierno prometió una renovación institucional y una clara distancia con la gestión anterior de Luis Arce, en la práctica ha mantenido en funciones a numerosos servidores públicos que trabajaron durante casi dos décadas bajo el Movimiento al Socialismo (MAS). Varios de ellos ocuparon cargos jerárquicos importantes, como viceministerios, direcciones nacionales y posiciones administrativas estratégicas que hoy continúan operando dentro del aparato estatal.

Esta continuidad ha generado críticas desde distintos sectores políticos y ciudadanos, quienes cuestionan la coherencia entre el discurso de cambio y las decisiones administrativas del nuevo gobierno. La polémica se intensificó cuando algunos funcionarios apelaron a mecanismos legales para preservar sus cargos, presentando certificados de inamovilidad laboral por gravidez o por el cuidado de personas con discapacidad, derechos protegidos por la legislación boliviana. Desde el Ejecutivo, autoridades como el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y el canciller Fernando Aramayo han justificado estas permanencias señalando limitaciones legales y, sobre todo, una realidad más profunda: la escasez de técnicos especializados con experiencia real en la administración pública.

Sin embargo, este debate trasciende el simple cambio de caras en la estructura estatal y remite a un problema estructural de larga data en Bolivia. Desde mediados de los años ochenta, el país ha implementado reformas económicas profundas,........

© Correo del Sur