Gran parte del poder judicial en Bolivia se ha transformado en una extensión de la política, y entender esto es clave para dimensionar lo que significa para nuestra democracia. Cuando los tribunales dejan de ser árbitros imparciales y se convierten en herramientas del poder político, no solo se traiciona la Constitución: se condena a toda la sociedad a vivir con la incertidumbre de que la justicia depende del color político de quien la invoca.

El cambio constitucional de 2009 y la elección de magistrados en 2011 marcaron un punto de no retorno. Lo que se presentó como un avance democrático, la posibilidad de que los ciudadanos eligieran a sus altas autoridades judiciales, se convirtió en la vía perfecta para consolidar el control político sobre la justicia. El problema no estaba en la elección popular en sí misma, sino en que la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, tenía el poder de preseleccionar candidatos. El resultado era previsible: solo llegaban a las papeletas quienes habían tejido las alianzas correctas, quienes habían comprometido lealtades y recursos en campañas políticas disfrazadas de procesos judiciales.

La respuesta de la ciudadanía fue clara: más del 60% de votos nulos o blancos en 2011, cifra que se mantuvo en 2017. No era desinterés, era un grito de rechazo a un sistema que pretendía ser democrático mientras perpetuaba la subordinación del poder judicial al poder político. Esta desconfianza tiene efectos que van más allá de lo........

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