En Chuquisaca atravesamos una situación que no solo es socialmente preocupante, sino jurídicamente alarmante: un aumento sostenido de hechos tipificados como homicidio–suicidio y muertes violentas con indicios de autoeliminación, investigados bajo una dirección funcional que obliga al Ministerio Público a iniciar la investigación de oficio ante la noticia fehaciente de una muerte violenta, conforme disponen los artículos 289 y 297 del Código de Procedimiento Penal.

Las estadísticas institucionales suman medio centenar de casos de homicidio-suicidio en Chuquisaca, entre enero y noviembre de 2025, cifra que ya supera los 46 casos reportados de la gestión anterior. Solo en Sucre, los números son altos, dolorosos y difíciles de ignorar porque detrás de cada antecedente hay una historia de sufrimiento, angustia y dolor. Además, en un solo fin de semana reciente, las autoridades municipales atendieron 12 gestos suicidas de jóvenes, lo cual devela que hay una problemática más allá de nuestra percepción y que requiere intervención inmediata. 

Desde el Ministerio Público, reconocemos que no podemos enfrentar este desafío solos porque nuestro mandato es proteger la vida, garantizar la investigación de muertes violentas —incluidos los casos de homicidio-suicidio— y promover el acceso a la justicia, aunque también debemos entender que prevenir el suicidio es una cuestión social, de salud pública y de corresponsabilidad. 

Esta reflexión es la que nos motiva a movilizarnos más allá de la investigación penal, este fenómeno exige de nosotros —como Estado—........

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