Bolivia tiene una fecha que no debería pasar inadvertida: el estado de excepción declarado el 20 de junio por 90 días llegará a su término en septiembre. Fue una medida extraordinaria adoptada después de 53 días de bloqueos, con carreteras interrumpidas, actividades económicas paralizadas, pérdidas millonarias y vidas humanas perdidas. La Asamblea Legislativa Plurinacional ratificó aquella decisión. Ahora corresponde preguntar qué hará para que, cuando termine la excepcionalidad, el país no vuelva al mismo punto de partida.

La respuesta debería ser clara: aprobar una ley anti-bloqueos.

No se trata de desconocer el derecho a la protesta, pero es importante recordar que ningún derecho puede ejercerse anulando los derechos de los demás. Convertir las carreteras en instrumentos de presión indefinida afecta el libre tránsito, paraliza la producción y puede poner vidas en riesgo, como se ha comprobado........

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