En el peor año de la crisis de divisas que se recuerda en décadas, el sistema financiero nacional registró utilidades históricas: 540 millones de dólares en 2025, un 42,3% más que el año anterior. Eso ocurría mientras las familias hacían filas ante cajeros sin efectivo, el combustible escaseaba y el dólar se convertía en un bien incierto.

Los foros debates de los últimos días han permitido conocer mejor a los candidatos y sus propuestas. El domingo, la palabra la tendrán los votantes, que elegirán a quienes van a dirigir cada una de las nueve gobernaciones, así como a las alcaldías de sus respectivos municipios, para los próximos cinco años.

Se trató de un ejercicio democrático ejecutado con éxito como resultado de la iniciativa y el esfuerzo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los Tribunales Electorales Departamentales (TED). Conseguir que la mayoría de los aspirantes a ser gobernadores, alcaldesas o alcaldes se expongan al escrutinio y al cuestionamiento de sus rivales, ante una gran audiencia, es, desde ya, un logro notable.

¿Por qué? Porque los debates electorales, en los últimos 20 años, no han sido precisamente una práctica frecuente. Cabe recordar que un candidato en particular, Evo Morales, evitó la discusión pública y el contraste de ideas como estrategia de campaña, privando a los electores de la posibilidad de observar a los postulantes para conocerlos mejor, tanto a ellos como a sus propuestas.

Los debates, con sus luces y sombras, son la manera más efectiva de acercarse a las ideas de quienes se presentan a unas elecciones. Ponen al descubierto tanto las fortalezas como las debilidades de cada candidato. Pero no solo eso, sino que también permiten posicionar en el campo de atención del votante los temas trascendentales en la perspectiva de los próximos cinco años, y sus circunstancias previsibles.

Presentar propuestas en un escenario público y confrontarlas con los rivales circunstanciales representa una práctica que debería ser norma y costumbre. Y, al contrario, las increpaciones ajenas al espíritu del debate —aunque muchas veces convenientes para intentar ganar simpatías a costa del desprestigio del otro— podrían ser un buen indicador de quién no merece la confianza del sufragio. Ese último recurso empobrece el intercambio de ideas y posiciones sobre temas de interés colectivo.

Es el perjuicio mayor de lo que se conoce como “guerra sucia”, pues priva al elector de elementos válidos para decidir en quién confiar y ofusca la reflexión respecto de las propuestas, opacándola con el estímulo de las emociones provocadas por insinuaciones o denuncias oportunistas.

Esta forma de hacer campaña se ha extendido profusamente, sin freno ni control, por las redes sociales. En lugar de contrastarse programas, cifras y prioridades, abundan los ataques ad hominem, la difusión de rumores y la explotación de aspectos privados que poco o nada tienen que ver con la idoneidad para ejercer un cargo público. Esa deriva empobrece la discusión democrática y, lo que es peor, desalienta al electorado. De algún modo, salvo algunas excepciones, los debates entre candidatos contribuyeron a mitigar los efectos de la guerra sucia.

Sobre todo en las últimas semanas, la campaña se ha vuelto áspera, con descalificaciones personales ocupando los espacios que deberían tener las ideas. Pero, a esta altura del siglo XXI, es de esperar que la mayoría haya tomado conciencia de que no necesitamos saber quién grita más fuerte ni quién lanza la acusación más ingeniosa en redes sociales. Lo que necesitamos s claridad sobre cómo se enfrentarán los problemas estructurales a nivel departamental y municipal.

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