Realizadas por fin las elecciones judiciales 2024 y posesionados los altos cargos del sistema de administración de justicia (19/26 incluyendo sus respectivos suplentes), gozando los electos de más apoyo respecto de las anteriores camadas (64,29% de votos válidos Vs 35,71% de nulos y blancos), aunque habría que hilar más fino en cada caso concreto, es innegable que esta vez los flamantes magistrados ingresan con ese importante nivel de legitimidad popular, que es lo que ese tipo de inusitado sistema puede brindar.

Probablemente por eso y, naturalmente, por el apabullante repudio que los autoprorrogados reciben sistemáticamente desde la ciudadanía, el nivel de presión para que por fin se vayan a sus casas, pues no pueden renunciar a una función que ya no tienen desde el 31 de diciembre de 2023 por orden del Constituyente, ha alcanzado consenso no solamente en el foro sino en la sociedad misma y, debiera efectivizarse a partir de hoy, lunes, en cada Tribunal donde intentan seguir empernándose con uñas y dientes. No todos están en similar situación, centrándose los focos en el epicentro de la autoprórroga (TCP) y en menor medida en el TSJ, donde son matemáticamente minoría y mucho no podrán hacer, salvo continuar con su papelón. De dignidad, ni hablar.

El consenso bajo diversas interpretaciones, pues la ciencia del Derecho no es exacta, se apoyó principalmente en que como no hay crimen perfecto, hasta en su propia DCP........

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