El autor de esta columna cuestiona la extensión hasta 2040 del traspaso de los establecimientos a los Servicios Locales de Educación Pública anunciado por el gobierno, y advierte que mantener la educación municipalizada, pese a sus problemas históricos de gestión, financiamiento y resultados, terminará debilitando la educación pública y favoreciendo su privatización.

Imagen de portada: Diego Martin / Agencia Uno

El gobierno insiste en el pronto trámite del proyecto que ajusta el cronograma de traspaso y puesta en marcha de los Servicios Locales de Educación Pública, extendiéndolo hasta el año 2040 para aquellos que están pendiente y, paralelamente, facilitando que los municipios sigan a cargo de esta función.

Se trata de una promesa de campaña del gobierno cuyo cumplimiento no debiera sorprende a nadie. Tampoco debería asombrarnos que no haya argumentos relevantes que apoyen esta medida desde el Gobierno (la experiencia de la Reforma Tributaria avala esta premisa), cuyas bases residen -estimamos- en lo más profundo de la ideología de la derecha que actualmente gobierna: desmontar el aparato público y privatizar las tareas del Estado, entre ellas la educacional, sin que medie razón sustantiva sobre la pertinencia de esta medida para áreas estratégicas.

Como se sabe, la reforma de la educación pública fue aprobada entonces (2017) por una importante mayoría parlamentaria que parece hoy haber cambiado en sus propios intereses, pese a que el sentido y........

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