Mientras el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal trabaja para ir entregando los informes prometidos por el gobierno del Presidente Kast, el recientemente creado Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG) comienza su implementación con dudas que plantea la autora de esta columna. Ella advierte que «mientras el reglamento de la nueva Ley N° 21.769 (que creó el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno) no dote a los mil auditores de un verdadero blindaje laboral de inamovilidad y tecnología de interoperabilidad en tiempo real, las ventanas para las irregularidades seguirán abiertas».

Imagen de portada: Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal entregando un informe en La Moneda (Sebastián Beltrán / Agencia Uno)

En su primer discurso presidencial el 11 de marzo de 2026, el presidente José Antonio Kast anunció la realización de auditorías completas al Estado, confirmando semanas después el despliegue de más de mil auditores internos y la conformación de una fuerza de tarea conjunta para revisar la gestión pública.

Su mensaje apuntó a la contratación de una auditoría externa internacional. Sin embargo, su alto costo y el complejo escenario fiscal del país, obligó al gobierno a reemplazar esa idea por una revisión en manos de más de 1.000 auditores internos asociados a unas 500 instituciones del Estado. En esta línea, el 10 de abril, fueron presentadas las primeras ocho señales de alerta (traspasos irregulares de fondos, fragmentación de compras públicas, y anomalías en contrataciones masivas de última hora). 

El mensaje presidencial sobre la materia aclaró que el proceso “no era una persecución, sino una orientación a ordenar la gestión”

¿Cómo podemos interpretar este mensaje? Como un hecho político que busca afectar al gobierno anterior y restar responsabilidades al actual ante “irregularidades” que se mantienen a través de los últimos gobiernos, tanto de derecha como de centro izquierda, o como una real preocupación por la gestión e integridad pública en el aparato estatal.

Al entregar la misión de fiscalización a los auditores internos de los servicios se expone una grave vulnerabilidad estructural del aparato estatal que resta objetividad y validez a tal responsabilidad: el carácter político de sus contrataciones. Históricamente, tales cargos han respondido a cuotas de confianza de la autoridad de turno y no exclusivamente al mérito técnico. Ello resta objetividad e imparcialidad a las........

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