A propósito del caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, la autora de esta columna escrita para CIPER se pregunta cuántos funcionarios públicos están dispuestos a asumir el costo de denunciar a un superior, cuando los que deben recibir la acusación son muchas veces miembros del mismo partido de la autoridad, o parte de “su equipo”. Y pone el acento en que la forma de trabajo de la administración pública ha ido mutando negativamente y que “el actual escenario público irá con los años consolidando un fortalecimiento del individualismo laboral, una nula coordinación para el desarrollo de los trabajos, llevando a un funcionamiento del servicio público como compartimentos estancos”.

Créditos imagen de portada: Víctor Huenante / Agencia Uno

La Ley N° 18.834, de Estatuto Administrativo, establece en su Título III, De las obligaciones funcionarias, artículo 61, letra k, la obligación de denunciar los crímenes o simples delitos con la debida prontitud ante el Ministerio Público o ante la policía, si no hubiere fiscalía en el lugar en que el funcionario presta servicios. Y también, a la autoridad competente los hechos de carácter irregular, especialmente de aquellos que contravienen el principio de probidad administrativa regulado por la Ley N° 18.575.

La norma da cuenta de la convicción de que, para resguardar y hacer efectivo el cumplimiento del principio de la probidad administrativa, se requiere contar con medios eficaces para denunciar los hechos irregulares de que tome conocimiento un funcionario público.

En el convencimiento de que la probidad administrativa es uno de los principios fundamentales que deben inspirar la actuación de los órganos de la administración del Estado, la norma se perfeccionó incorporando un sistema de protección del denunciante a objeto de evitar que no se denuncie por temor a venganzas y represalias. Lo que ha sido poco efectivo.

La normativa no ha logrado evitar la activación de redes políticas, familiares, internas y externas a los servicios, que se activan cuando un funcionario público denuncia y cuando en los hechos se ve involucrado personal que ingresa a la institución pública asociado al Gobierno en ejercicio que tienen........

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