Las autoras de esta columna analizan las últimas noticias de alcaldes que han recibido amenazas y repasan cómo ha reaccionado el Estado en experiencias regionales. Sostienen que «lo que se ve en Chile no debiera interpretarse como una suma de episodios aislados. Debiera leerse como una advertencia institucional. Cuando el crimen o las economías ilegales comienzan a enviar mensajes directos, no están probando sólo la vulnerabilidad de una autoridad concreta. Están midiendo hasta dónde puede resistir el Estado en el territorio. Si no se enfrenta con rapidez y decisión, este tipo de amedrentamiento puede escalar hacia formas más graves de violencia, donde la amenaza deja de ser un mensaje y pasa a convertirse en acción».

Un chaleco antibalas no debería formar parte del atuendo cotidiano de una autoridad comunal. Un cadáver no debería aparecer frente a la casa de una alcaldesa. Y, sin embargo, en marzo de este año el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, reconoció que tenía un chaleco antibalas y otros elementos de protección en un contexto de amenazas indirectas. Al mismo tiempo, el caso de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, volvió a mostrar hasta qué punto la violencia puede irrumpir en el espacio más íntimo de una autoridad electa, en un hecho que fue leído públicamente, al menos en un primer momento, como una posible señal de intimidación, aunque la propia alcaldesa descartó amenazas previas. 

A esos episodios se suman denuncias recientes de amenazas en comunas como Lo Espejo, Recoleta, San Bernardo, Peñalolén y Santiago, entre otras, en un contexto donde casi el 70% de los alcaldes de la Región Metropolitana han sufrido amedrentamientos y siete jefes comunales en Chile ya cuentan con protección policial por amenazas. 

Más allá de la cifra exacta, el dato relevante es otro: cuando resguardar a alcaldes empieza a parecer una necesidad regular, el problema dejó de ser anecdótico. Ese es el punto en que una democracia comienza a deteriorarse desde abajo: cuando el miedo deja de ser una excepción y empieza a instalarse como una condición tácita del ejercicio del poder local. Cuando las autoridades comunales gobiernan bajo resguardo permanente, con amenazas activas, escoltas o querellas abiertas, el problema deja de ser únicamente policial y pasa a ser institucional.

Porque este fenómeno no distingue color político. No persigue a una autoridad por militar en un partido u otro, sino por encarnar, en el plano local, una forma concreta de autoridad democrática. En la escala municipal, el Estado no aparece como una abstracción: aparece en la alcaldesa o el alcalde,........

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