Gobierno de Kast y el peligro de una captura corporativa
Los autores de esta columna detallan los múltiples conflictos de interés en la conformación del gabinete y varias subsecretarías en el recién asumido gobierno de José Antonio Kast. En ese contexto, señalan que «se hace necesario exigir que el nuevo gobierno dé a conocer las medidas que adoptará para evitar dicha captura corporativa, y para asegurar que la protección de los derechos de la población primará sobre el interés del empresariado que hasta ahora tan marcadamente han defendido quienes hoy asumen funciones públicas. La observación y la denuncia pública, en este contexto, no deben entenderse como actos de mera ‘oposición’ política, sino como un ejercicio de exigibilidad de los compromisos que el Estado chileno ha adquirido en materia de derechos humanos, y en última instancia, de responsabilidad democrática».
Imagen de portada: Víctor Huenante / Agencia Uno
El 11 de marzo de 2026, Chile inició un nuevo período de gobierno bajo la conducción del presidente José Antonio Kast. La composición de su gabinete y principales subsecretarías revela un patrón preocupante: un número significativo de las personas designadas para dirigir el aparato institucional del Estado provienen directamente de las industrias, gremios y asociaciones empresariales que dichas instituciones tienen por función regular. Este fenómeno tiene nombre: captura corporativa.
Se trata de una realidad contraria a las directrices de derechos humanos sobre las empresas, y por lo mismo representa una amenaza para su respeto y protección. En efecto, desde la adopción en 2011 de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, el derecho internacional ha establecido con claridad la arquitectura de responsabilidades en la materia. El Pilar 1 de dichos Principios consagra el deber del Estado de proteger los derechos humanos frente a las acciones de terceros, incluidas las empresas. Este deber no es puramente declarativo: exige que los Estados adopten medidas concretas para prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos cometidos por actores privados en el marco de sus operaciones.
Ese deber de protección es, precisamente, el que se ve comprometido cuando quienes deben ejercerlo tienen vínculos directos, recientes y sustantivos con los actores que deben regular. Los Principios Rectores son explícitos al respecto: los Estados deben asegurarse de que los departamentos, agencias y otras instituciones estatales que regulan las prácticas empresariales ejerzan las obligaciones en derechos humanos del Estado. Esto implica la necesaria independencia entre el regulador y el regulado, condición de la esencia de una tutela efectiva de derechos.
El Grupo de........
