España contabiliza oficialmente 49,801 millones de habitantes, y entrará en 2027 con 50 millones al hilo de la reagrupación que generará la última gran regularización. Pero tal masa demográfica se desenvuelve en una infraestructura física diseñada para poco más de 40 millones, tras varios años de dejadez inversora, sobre todo de carácter público. Las costuras del país, de buena parte de las redes de movilidad y de los servicios públicos, se descosen por la presión demográfica creciente, y afloran las deficiencias tanto en la provisión de servicios educativos, formativos y residenciales como en los puramente asistenciales por el avance del envejecimiento o la disponibilidad de infraestructuras.

La evolución de la población y la marcha de la economía son parámetros estrechamente relacionados y mutuamente dependientes, y en condiciones normales, España ganará casi otros cuatro millones de moradores en el horizonte de 2040 (poco más de un decenio), con una exigencia inversora muy fuerte para adecuar todas sus infraestructuras: ¿será atendida o ignorada?

En los últimos lustros la inversión pública se ha estancado sin que exista una explicación razonada más allá de las consecuencias de la gran crisis fiscal, y ahora, tras haber agotado el impulso de los últimos fondos europeos, se precisa un salto cuantitativo y cualitativo muy exigente para atender la transformación económica y confeccionar un traje a la medida de un país mucho más poblado. Las alertas de la inteligencia económica sobre la ingente cantidad de recursos que absorberá el envejecimiento en las próximas décadas y la hipotética escasez para otros menesteres igual de vitales son reiteradas, como reiterado es el desprecio que de ellas hacen los responsables políticos.

Se celebra como un triunfo haber recompuesto en........

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