El variopinto rosario de cuentas fiscales que Hacienda ha negociado con sus socios parlamentarios, que en parte ha logrado el respaldo del Congreso y que en parte se ha estrellado contra la realidad de una mayoría débil e inestable, no es una reforma fiscal. Es una colección de puyazos impositivos contradictorios que se compensan unos a otros ideológicamente y que solo pretenden succionar unos pocos miles de millones de euros a los sospechosos habituales (empresas, rentas del capital y millonarios) para poder mantener el permanente avance del gasto público sin que la Comisión Europea eche el alto.

Para acreditar una auténtica reforma fiscal es necesario actuar sobre todos los impuestos –las cotizaciones sociales también– con una orientación explícita, ya sea de las que dan o de las que quitan. De las que con visión estratégica proporcionan margen a los contribuyentes para el consumo y la inversión, o de las que solo buscan apuntalar la fortaleza financiera del Estado soslayando el incentivo a la actividad. La que Montero ha presentado al Congreso tiene un sesgo evidente hacia este último formato, pero es tan superficial que le viene grande la catalogación de reforma fiscal.

El Gobierno es muy consciente de que su fortaleza política es muy limitada y crecientemente débil como para empeñarse en una auténtica reforma fiscal, máxime cuando sus socios le han recordado con hechos que tienen naturaleza e intereses diferentes, divergentes y excluyentes. Esa misma circunstancia ya le obligó hace un par de años a guardar en el cajón el libro blanco sobre la reforma fiscal que encargó a un grupo de fiscalistas, y que........

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