El Gobierno ha celebrado profusamente que la deuda pública haya descendido hasta el 107,7% del PIB en 2023, y que lo haya hecho con políticas expansivas del gasto, con ayudas masivas para enjugar los efectos de la pandemia y la guerra y enterrando la austeridad que tanto desdeña. Pero 1,57 billones de euros siguen siendo una cantidad descomunal de deuda, con un coste de más de 35.000 millones de euros este año que no podrán destinarse a otros menesteres más productivos, que desviarán ahorro privado a honrar las obligaciones del Tesoro, y que empujarán al alza el coste de financiación de la actividad productiva.

La verdad es que haber reducido tanto la deuda en términos relativos tiene menos mérito del que parece, pues el Gobierno ha contado con la inestimable contribución de una inflación desbordada, su mejor socio económico y presupuestario, además de partir de una referencia del pasivo en una cota circunstancial del 125% del PIB a la que la había llevado el batacazo económico de la pandemia. Pero el Gobierno ha puesto su parte en el asunto, aunque estos detalles no los ha celebrado con la misma profusión: ha subido con fuerza los impuestos (la recaudación ha pasado de 180.000 millones de euros en 2020 completo a 253.000 millones en enero-noviembre de 2023, un 40,5% más), y no ha aliviado ni siquiera el recargo natural de la inflación los dos últimos años.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) recuerda en su último análisis que el recorte de la deuda es de 17,6........

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