La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo insiste en imponer la jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales con una norma legislativa barnizada primero con un acuerdo social. El objetivo en absoluto oculto de quien actúa como la verdadera delegada sindical en el Palacio de la Moncloa, que no parece compartir con entusiasmo la mayoría del Gobierno, es recuperar el protagonismo político que los electores le están cuestionando en las últimas consultas, con una ampliación de supuestos derechos laborales. Una operación que esconde incrementos nada despreciables de costes y que culminaría con un escalón adicional de una de las prácticas más extendidas en este ciclo: la creación nominal de empleo por la vía del reparto del real.

Tras seis años de intervencionismo en el mercado laboral en los que los sindicatos han actuado de agradecidos comparsas y la patronal ha opuesto resistencia creciente tras el posibilismo cándido de los primeros años, toda la agenda del Ministerio de Trabajo para la legislatura se daría por satisfecha si se culminase la primera reducción legal de la jornada laboral en más de cuarenta años. Casi dos años largos hace que circula la prédica de la vicepresidenta Díaz sobre las bondades de la reducción de jornada máxima legal, que quiere situar en niveles superiores a la práctica real, y las opciones reales de sacar adelante el cambio normativo son limitadas.

Y un mérito hay que concederle: ha abierto el debate de la reducción del tiempo de trabajo, por discutible que sea en uno de los países con la productividad más lánguida del mundo desarrollado, gasto preocupante en incapacidad laboral y alarmante absentismo voluntario. Incluso ha........

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