El Gobierno ha prometido solemnemente que el núcleo duro de su política económica y social en esta legislatura será la vivienda, que se ha convertido en un problema irresoluble para la mayoría de la población joven, un problema agravado en parte por las políticas intervencionistas de Sánchez y jaleadas por sus socios. Los precios han subido casi un 50% en los últimos ocho años con una aceleración continua, en tanto que los sueldos corren desesperadamente detrás de ellos con un alza del 12% en el mismo periodo (un 25% para los jóvenes), en tanto que la financiación tiene un coste cercano al 4%, frente al cero de 2015.

Además de ser una montaña inabordable para buena parte de la población, la vivienda condiciona el comportamiento de toda la economía, y no para bien. Absorbe tanta renta que limita el consumo, distorsiona la inversión y el ahorro e impide capitalizar la economía; desequilibra el modelo de crecimiento y la estructura de la riqueza de los particulares; impide la movilidad laboral y amanera la asignación de recursos del factor trabajo reduciendo la productividad; retrasa la emancipación de la población, limita sus índices de natalidad y estimula el envejecimiento, con el consiguiente sobrecoste de protección.

El expediente de este Gobierno no es el mejor del mundo para asunto de tal envergadura, aunque el de los anteriores deje bastante que desear, y la experiencia diga que no hay milagros y que las cosas siempre han ido a peor. Las iniciativas recientes en la materia tienen un carácter intensamente intervencionista y no han frenado el ascenso de los precios, que han entrado en una especie de espiral propia de tiempos de burbuja; han limitado la oferta........

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