Los Gobiernos siempre han preferido la interlocución empresarial y sindical mansa a la crítica para gestionar los periodos de crisis y conflicto, e incluso suplantar a sus representantes legítimos con otros impostados si la dificultad para imponer sus políticas lo aconsejaba. En un peligroso ejercicio de consolidación de las relaciones industriales iliberales, el Ejecutivo entra sin miramientos en terrenos movedizos como dar prioridad a los convenios autonómicos, aunque fracturen la unidad de mercado, o incorporar al diálogo social y sus instituciones a patronales de papel de su parentesco ideológico, en ambos casos para saldar facturas políticas.

Esto, nuevo, no es; pero nunca nadie antes lo había practicado con tanta profusión como el primer Gobierno de coalición en el que la política laboral está en manos de la izquierda radical y en cuyas decisiones el arbitraje de la moderada apenas interviene. Y nunca con tanta convicción se había traspasado la elaboración de normas con el sello ideológico propio, dejando espacio cero a la negociación y búsqueda del consenso, para llegar tan lejos como tratar de refundar el estatus de representatividad de los agentes sociales.

Otro Gobierno socialista trató de barnizar las políticas que provocaron la mayor huelga general de la historia, en diciembre de 1988, negociando con una supuesta Asociación Democrática de Pensionistas la reforma de las pensiones y con agrupaciones juveniles sobrevenidas la aplicación del plan de empleo juvenil, ante la radical negativa de los sindicatos, sobre todo de una UGT que había planteado el divorcio con el PSOE. Nada enfureció más a los sindicatos que la suplantación de su lugar en la tierra con aquella........

© Cinco Días