El Gobierno impone una subida del salario mínimo del 5%, lo acepten o no los agentes económicos que cogobiernan las relaciones industriales. Con indisimuladas amenazas a la patronal si no se aviene a aceptar las lentejas de la vicepresidenta Diaz, la referencia salarial mínima acumula así en los últimos seis años un incremento del 54%, absorberá en su entorno a colectivos crecientes de trabajadores de productividad estancada, estimulará los costes del resto de los asalariados, y sostendrá avivada una inflación que devolverá de inmediato la factura con recortes al poder de compra.

La pasividad abiertamente colaboracionista de la confederación empresarial en los primeros años del ciclo de Sánchez, justificada solo en los momentos más duros de la crisis sanitaria, ha devenido en una práctica iliberal de las relaciones industriales, con la que se gobiernan todas las decisiones y contenidos que en la lógica de una economía abierta corresponden a una concertación social de equilibrio y consenso. La Administración ha copado año a año parcelas de decisión otrora de la negociación entre patronal y sindicatos, ha pervertido la naturaleza del diálogo social, y ha convertido su intervencionismo natural en el sello autentificador de las normas económicas y laborales.

Nada que ver con los procesos de negociación de la Transición, en los que quedaba claro qué territorio era exclusivo de cada círculo de negociación, y en los que solo irrumpía la decisión del Consejo de Ministros tras agotar meses de discusión, que muchas veces era un ejercicio baldío porque las partes carecían de voluntad de avance. Los Gobiernos intervenían especialmente........

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