El Gobierno interviene en la vida privada de las empresas en los últimos meses como si fuese víctima de un ataque de nervios, con decisiones aparentemente lógicas, pero contradictorias muchas veces, y muy alejadas del papel que se le supone al Estado en una economía abierta al mercado como la española. Del nivel de alerta y protección lógico durante los años duros de la pandemia, ha pasado a bloquear o dificultar los movimientos del capital extranjero por desconfiar de sus intenciones, y a criticar actitudes corporativas que se desenvuelven en mercados abiertos a la competencia.

Hemos escrito varias veces en el agua que la economía se comporta mejor en ambientes abiertos a la competencia, con la regulación estrictamente necesaria y con la vigilancia de instituciones reguladoras independientes, que con intervencionismos continuos. Con un símil futbolístico, mejor donde los equipos juegan con reglas claras mientras el árbitro gusta más de la ley de la ventaja que de pitar cada contacto, que donde el Gobierno interrumpe el juego desde la sala de videoarbitraje, corrige cada decisión y los jugadores terminan sin saber a qué atenerse.

Admitamos que en los últimos tiempos, desde que la globalización pasó facturas onerosas a las economías más opulentas, y con las inestimables contribuciones de la peste de 2020 y la guerra de Putin, proteccionismo e intervencionismo han mutado de negativo a positivo. Ha pasado en América, en Europa y en España. Se proyectan escenarios que garanticen conceptos como la soberanía estratégica en materia industrial, tecnológica, sanitaria y militar, y cada país escanea hasta el tuétano al capital externo que pretende entrar en su esfera de influencia.

La necesidad llevó a los Gobiernos de todo el........

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