En Europa, los políticos promocionan cada vez más las pensiones privadas como la panacea para reactivar las estancadas Bolsas, fomentar el espíritu emprendedor y frenar el galopante gasto público a medida que la población envejece. Pero no resolverán los retos que se derivan de una concentración cada vez mayor del poder adquisitivo en manos de los mayores.

Según la ONU, la población europea de 20 a 64 años caerá en un 31% de aquí a 2100, y el aumento de la esperanza de vida incrementará en un 21% la población mayor de 65 años. El proyecto National Transfer Accounts (NTA) estima que los mayores pasarán de consumir el 30% de lo que produce la economía a través del trabajo –tras restar la contribución de ese grupo– al 57% en 2100. En América del Norte, pasará del 25% al 52%.

Mientras, las medidas para que las personas trabajen más tiempo se están estancando: en Francia y Alemania, por ejemplo. Todo ello se suma a un problema presupuestario, ya que en la mayoría de los países europeos son los contribuyentes quienes financian los ingresos de jubilación de los ciudadanos. Los mayores de 65 años de Francia, Alemania, Italia y España, por ejemplo, reciben más de dos tercios de sus ingresos de las llamadas transferencias de reparto, que se financian mediante impuestos a los trabajadores en vez de a través de los ahorros individuales. Estos sistemas, inspirados en el modelo de finales del siglo XIX del canciller alemán Otto von Bismarck, ofrecen pensiones generosas vinculadas a los ingresos. Pero, según las estimaciones de Bruegel, sus compromisos actuales sin financiación suelen superar cuatro veces el PIB anual.

Por eso, el Centro de........

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