En 2023, España tenía en riesgo de pobreza y exclusión a un 26,5% de la población, alrededor de 12,7 millones de personas (400.000 más que en 2022), según el índice Arope (At Risk of Poverty and/or Exclusion). Este índice está elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y, según el mismo, somos el tercer país con peores resultados de los 27 de la UE, a pesar de ser la cuarta economía en PIB. Y si nos fijamos en la pobreza energética, definida como la imposibilidad de mantener el hogar con un confort térmico adecuado, en España, el 21% de la población no dispone en su hogar de temperaturas adecuadas para vivir en condiciones dignas, porcentaje que sube al 32% en viviendas en régimen de alquiler.

El origen de la pobreza energética, que afecta a casi 10 millones de personas, hay que buscarlo en la coexistencia de tres elementos:

Primero: el incremento del precio de la energía. Un ejemplo es la electricidad, para la que la tarifa regulada por el Gobierno ha pasado de los 16,2 euros el kilovatio hora (kWh) de 2020 a los 36,28 de 2022, reduciéndose hasta los 22,28 en 2023, según la CNMC.

Segundo: el mal estado constructivo de las viviendas. En España tenemos 28,2 millones de viviendas, de los que 18,5 están clasificadas como primera vivienda. El 75% no cumplen las normativas de certificación energética y hay más de 1,5 millones que pertenecen a familias vulnerables y que necesitan una urgente actuación de rehabilitación, si bien sus propietarios no tienen la capacidad económica para afrontarla. Los planes de rehabilitación no están dando los resultados esperados ni en el ritmo ni en la implantación de modelos de ejecución........

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