Hay respuestas que suenan bien en el relato que construyen partidos, gobiernos, administraciones e incluso influencers, pero que, examinadas de cerca, revelan una estupidez casi ... ilimitada. Y lo preocupante es que la simplonería ha dejado de ser un recurso ocasional para convertirse en una constante del discurso público.

No se trata solo de frases huecas, sino de decisiones y argumentos institucionales que insultan la inteligencia. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sostiene que abonar once millones de euros en retribuciones pendientes a su plantilla —en concepto de productividad desde 2021— sería «gravemente perjudicial para el interés público». La expresión impresiona, casi asusta, hasta que se contrasta con otros gastos que, al parecer, no merecen tal calificativo: diez millones destinados a los carnavales o 1,4 millones para un concierto de dos horas de un cantante. Entonces la gravedad se diluye y el criterio se vuelve, como mínimo, discutible.

El problema de fondo no es la existencia de prioridades políticas —siempre legítimas en democracia—, sino el recurso sistemático a argumentos que confunden más de lo que explican. Se apela a grandes palabras para justificar decisiones concretas sin asumir el coste de defenderlas con claridad. Y en ese proceso, el lenguaje público se degrada.

Algo similar ocurre con las medidas anunciadas a bombo y platillo. Sobre el papel, la rebaja del IGIC a 45 productos de la cesta de la compra por parte del Gobierno canario parecía una iniciativa contundente para aliviar el impacto de la inflación. La narrativa era impecable: una respuesta rápida ante una crisis global agravada por tensiones internacionales. Sin embargo, al examinar la letra pequeña, la medida resultaba mucho menos novedosa de lo anunciado: la mayoría de esos productos ya tenían tipos reducidos. La gran aportación se limitaba, en esencia, a incluir el café, la sal y la mantequilla. Cabe preguntarse cuánta sal debe consumir una familia para notar realmente el alivio prometido.

El gusto por el efecto inmediato, por el titular fácil y la declaración rotunda, termina pasando factura. No solo porque erosiona la credibilidad de quienes lo practican, sino porque rebaja el nivel del debate público. Y aquí surge la duda incómoda: ¿se simplifica el discurso porque la política está cada vez más ocupada por personas incapaces de mayor profundidad o porque se asume que la ciudadanía ya no exige más?

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