El problema de fondo es político y cultural. Durante años se ha instalado la idea de que toda conflictividad social puede resolverse mediante más castigo.

Por Jaime Bassa y Mathías Martínez

Por Jaime Bassa y Mathías Martínez

En democracia, legislar bajo el miedo siempre resulta tentador. El temor a la delincuencia, la inseguridad en los barrios o la percepción de desorden en el espacio público generan presión social inmediata. Frente a ello suele aparecer una respuesta política igualmente inmediata: aumentar penas, crear nuevos delitos y expandir el poder sancionador del Estado. Lejos de fortalecer el Estado de Derecho, esta lógica lo debilita.

En las últimas semanas hemos vuelto a presenciar este fenómeno en el Congreso Nacional. La Cámara aprobó un proyecto que busca sancionar penalmente a quienes ejercen labores informales de cuidado de automóviles en la vía pública, estableciendo incluso penas de presidio o multas. Más allá de las legítimas discusiones sobre ordenamiento urbano o uso del espacio público, resulta profundamente preocupante que el derecho penal sea utilizado para enfrentar fenómenos de pobreza e informalidad social.

El derecho penal constituye la herramienta más intensa y violenta con la que cuenta el Estado. A través de él se........

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