Este proyecto fue presentado hace dos años, sin cálculos electorales. Y lo hacemos porque estamos convencidos de que la economía no puede seguir tratándose solo de proteger contratos: tiene que empezar a proteger a las personas.

A la gente le pagan en pesos, pero le cobran en UF. Esa frase atraviesa el núcleo de nuestro proyecto: No más cobros en UF. El debate ciudadano debe centrarse en una pregunta fundamental: ¿por qué el riesgo de la inflación recae completamente sobre el consumidor? Cuando se cobran servicios en UF, ese riesgo no se distribuye: lo paga la gente.

Este proyecto no pretende eliminar la UF, como malintencionadamente quieren instalar. Su objetivo es restringir su uso en cobros cotidianos, donde ha generado un efecto perverso. Educación, salud y arriendos se reajustan solos cada mes, aunque los ingresos de las personas permanezcan estancados.

La UF fue creada en 1967 para proteger ahorros en tiempos de alta inflación. Pero su uso se ha extendido a universidades, colegios, salas cuna, gastos comunes, arriendos y hasta escuelitas de fútbol. Así, ha devenido en un mecanismo que sube precios sin mediación y sin que el consumidor tenga herramientas para enfrentar ese riesgo.

Lo que comenzó como un escudo se transformó en un mecanismo de traslado automático de riesgos hacia quienes no tienen poder de negociación.

El Consejo Fiscal Autónomo lo dijo sin ambages en su informe de noviembre de 2022 (página 38): “Una economía con contratos indexados........

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