Lo que la Constitución concibió como una suerte de botón rojo institucional para destituir a las más altas autoridades ante faltas gravísimas, se ha transformado en el deporte nacional del Congreso: la Acusación Constitucional (AC). Un caso reciente es el del exministro Grau, acusado por hacer su trabajo de proyectar la economía. Hasta el propio ministro de Hacienda actual hizo ver la ridiculez que se estaba gestando.

Ahora se habla de acusar a la exministra Steinert, después del dictamen de la CGR que plantea que actuó fuera de sus facultades. Pero ella no está en el puesto, pues el presidente decidió pedirle la renuncia y con ello pagó el correspondiente costo político. ¿Qué sentido tiene acusarla entonces si ya está fuera y no forma parte del oficialismo? Si la AC se utiliza para marcarle los déficits de seguridad al gobierno, existen otras herramientas como la interpelación o las comisiones investigadoras.

No es el primer caso en que la Cámara trata de castigar nuevamente a un castigado. Ocurrió en el gobierno anterior a Marcela Ríos, por una facultad que ejerció el presidente Boric, al exministro Pardow por un error que le costó........

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