En una discusión de derechos, mirar los datos es indispensable, pero no basta: las políticas deben justificarse también en principios normativos.

En Chile se discute nuevamente, bajo el Boletín N.º7736-11, un proyecto de ley de eutanasia que el Ejecutivo ha perfeccionado incorporando filtros, salvaguardas y garantías inéditas. La eutanasia, sin embargo, sigue siendo un asunto que exige algo más que consignas o miedos: requiere un examen serio sobre cómo el derecho puede acompañar la fragilidad humana sin negar la autonomía personal.

En ese contexto, la columna “Diez razones contra la eutanasia” de Manfred Svensson, ha tenido amplia circulación y merece una lectura cuidadosa.

Mi propósito aquí no es defender ese proyecto en particular, sino algo previo y más básico: que un debate tan delicado se dé con rigor y buena fe, leyendo al “otro” en su mejor versión, como recomendaba John Rawls. En ese espíritu, reconoceré primero las preocupaciones legítimas que el texto expresa y, luego, examinaré y refutaré sus premisas y conclusiones, mostrando por qué no describen correctamente ni el problema ni la solución que hoy Chile discute.

Desde el inicio, Svensson confunde categorías distintas —eutanasia, suicidio médicamente asistido, limitación de tratamientos, sedación paliativa— y traslada ejemplos de Canadá, Reino Unido y Oregón como si fueran idénticos.

Su premisa es que estamos ante un “derecho general al suicidio” y un aparato estatal que valida la pérdida de sentido de la vida. Pero el proyecto chileno define con precisión lo contrario: enfermedad terminal e incurable, solicitud expresa y revocable de un mayor de edad en uso de sus facultades mentales, procedimiento médico reconocido y manifestación de voluntad por escritura pública ante notario y testigos. Incluso tipifica sanciones específicas para quien engañe o coaccione a otro o para el facultativo que actúe sabiendo que la autorización fue revocada.

No estamos, pues, ante campañas de marketing ni ante un suicidio........

© BioBioChile