El viernes, la jueza de distrito estadounidense Trina Thompson, con sede en California, dictaminó que el gobierno de Trump estaba actuando fuera de su autoridad constitucional y probablemente violó la Ley de Derechos Electorales de 1965, que prohíbe "intentar intimidar, amenazar o coaccionar" a los funcionarios que facilitan el proceso electoral.

"Si bien los demandados afirman que sus acciones están diseñadas para detener el voto ilegal de no ciudadanos, es probable que interfieran con la administración electoral y priven del derecho al voto a los electores legítimos", argumentó. Así como en su persecución de emigrantes ilegales se ha asesinado a ciudadanos norteamericanos que actuaban dentro de sus derechos

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