Hay momentos en los que una sociedad necesita detenerse y preguntarse qué demonios está pasando. Este es uno de ellos. Lo que estamos viendo alrededor de los venezolanos dejó de ser solamente una discusión sobre migración, fronteras o seguridad.

En demasiados lugares comienza a adquirir los rasgos de una peligrosa estigmatización colectiva: el venezolano convertido en sospechoso por el simple hecho de ser venezolano, una nacionalidad utilizada como argumento electoral y millones de personas obligadas a cargar sobre sus hombros la responsabilidad por los delitos cometidos por individuos aislados, que no representan nuestro gentilicio. Eso no es justicia. Eso es xenofobia. Y la venezolanofobia, cuando se convierte en política de Estado o en herramienta de propaganda, merece ser denunciada con toda la fuerza posible.

Colombia acaba de dar un giro dramático. Su nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, ordenó operativos para identificar y deportar inmigrantes en situación irregular, priorizando a quienes hayan cometido delitos, pero extendiendo después la medida a quienes simplemente carezcan de estatus legal. Cerca de 2,8 millones de venezolanos viven actualmente en Colombia y alrededor de 848.000 se encuentran en situación irregular, según las cifras difundidas por medios internacionales. El problema no es que Colombia quiera controlar su frontera: cualquier Estado tiene derecho a hacerlo. El problema comienza cuando la irregularidad migratoria se mezcla deliberadamente con criminalidad y cuando una población entera termina siendo presentada como una amenaza.

Chile tampoco es ajeno a esta deriva. José Antonio Kast llegó a La Moneda con un discurso de mano dura y una política migratoria mucho más restrictiva, después de años en los que la migración venezolana se convirtió en uno de los grandes asuntos políticos del país. La discusión sobre seguridad es legítima; lo que no puede aceptarse es que el venezolano común termine pagando colectivamente por el delincuente venezolano. Perú, por su parte, recibió a más de un millón y medio de venezolanos y pasó de una primera etapa relativamente receptiva a políticas progresivamente más restrictivas. El fenómeno se repite con diferentes intensidades en buena parte de América Latina.

La política migratoria de Donald Trump hacia los venezolanos se ha caracterizado por una ofensiva de mano dura que incluye la revocación masiva del Estatus de Protección Temporal (TPS), la intensificación de las redadas y operativos de deportación a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y la asociación de toda la comunidad migrante con la criminalidad y bandas organizadas. Estas medidas han dejado a cientos de miles de venezolanos en situación de vulnerabilidad extrema, eliminando sus permisos de trabajo y su estabilidad legal en territorio estadounidense.

Durante buena parte del siglo XX Venezuela fue un país receptor de inmigrantes. En los años de expansión petrolera llegaron colombianos, peruanos, chilenos, ecuatorianos, argentinos, portugueses, españoles, italianos y ciudadanos de muchas otras nacionalidades. Venezuela recibió trabajadores,........

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