“La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán desde finales de febrero de 2026 actualiza, con nuevos medios y viejos lenguajes, una matriz histórica de guerra imperial que ya había sido experimentada en Vietnam primero por Francia y luego por Estados Unidos: una combinación de intervencionismo externo, guerra aérea masiva, deslegitimación del enemigo mediante la categoría de “amenaza global” y utilización del territorio del otro como laboratorio geopolítico, pero con consecuencias humanas, políticas y civilizatorias que desbordan por completo cualquier retórica de “operación limitada” o “daño colateral aceptable”.

Britannica Editor. Conflicto USA-Israel contra Irán. 6 de Marzo 2026

La ofensiva conjunta iniciada el 28 de Febrero de 2026 bajo el nombre de “Operation Epic Fury”, con cerca de 900 bombardeos en las primeras doce horas contra defensas aéreas, infraestructura militar y centros de mando iraníes, se presenta como una acción quirúrgica destinada a neutralizar misiles, frenar el “programa nuclear” y forzar una “transición de régimen” en Teherán. El propio presidente Donald Trump ha formulado el objetivo en términos abiertamente políticos, llamando a la población iraní a levantarse y proclamando que la permanencia de la República Islámica es “una amenaza” inaceptable para Estados Unidos y sus aliados.

No se trata sólo de destruir capacidades militares, sino de quebrar la estructura estatal y la voluntad política de un país que ha desarrollado, desde 1979, un proyecto de soberanía religiosa-nacional y una red regional de alianzas que Washington y Tel Aviv interpretan como “eje de resistencia” y, por tanto, como desafío frontal al orden hegemónico en Oriente Medio. Esta formulación estratégica remite a la lógica que guio las guerras contra Vietnam: impedir, mediante fuerza abrumadora, la consolidación de un régimen y de un movimiento que, más allá de su pensamiento concreto, encarnan el derecho de un pueblo a determinar su propio destino.

La guerra de Francia contra el Vietnam de 1946 a 1954 fue, en su núcleo, una obstinada tentativa de restaurar el control colonial sobre Indochina frente a un movimiento nacional-popular que se articulaba en torno al Viet Minh. París combinó operaciones de contrainsurgencia rural con la ocupación de grandes ciudades y la instalación de un aparato político títere, mientras recurría cada vez más a la fuerza aérea y al apoyo logístico estadounidense para sostener una guerra que se le escapaba en el terreno.

El desenlace en Dien Bien Phu, donde más de 11.000 soldados franceses terminaron por rendirse tras una larga batalla de sitio, mostró que la superioridad tecnológica no basta cuando el adversario se apoya en una movilización nacional prolongada y dispone de la legitimidad política que sólo otorga la percepción de estar defendiendo la propia tierra contra un ocupante extranjero. Esta lección, sin embargo, no impidió que, una década más tarde, Washington repitiera el esquema en la llamada Segunda Guerra de Indochina.​

Desde 1965 hasta 1975, la intervención de Estados Unidos en Vietnam se consolidó como la mayor guerra “periférica” de la Guerra Fría. Bajo la doctrina de la “contención” del Comunismo y la teoría del dominó, la Casa Blanca construyó la idea que la caída de Vietnam del Sur precipitaría el colapso de todo el Sudeste Asiático bajo regímenes aliados de Moscú y Pekín, convirtiendo así una lucha de liberación nacional en un escenario privilegiado de la pugna entre superpotencias.

El diseño estratégico combinó bombardeos masivos sobre Vietnam del Norte, Laos y Camboya, el despliegue de centenares de miles de soldados, programas de “pacificación” rural, uso sistemático de armas químicas como el agente naranja y la promoción de regímenes locales subordinados al poder estadounidense. Sin embargo, como ha señalado la literatura especializada, la dirección de Hanoi nunca apostó por derrotar militarmente a Estados Unidos en el sentido clásico, sino por desgastar progresivamente su voluntad política, convirtiendo la guerra en una prueba de resistencia psicológica y moral que la sociedad norteamericana acabó percibiendo como inútil e inmoral.

La ofensiva del Tet de 1968, pese a ser una derrota militar para los vietnamitas, fue un giro estratégico porque mostró a la opinión pública estadounidense que la guerra no se podía ganar, obligando a la Casa Blanca a pasar de la escalada a la retirada.​

En la actual ofensiva contra Irán se repiten matrices discursivas y operacionales que recuerdan tanto a Francia en Indochina como a Estados Unidos en Vietnam: se habla de “neutralizar una amenaza”, de “impedir la proliferación de armas de destrucción masiva” y de “proteger a los aliados” mientras se desata, en la práctica, una campaña de bombardeos y sanciones que castiga fundamentalmente a la población civil. Las primeras cifras de víctimas hablan de cientos de muertos en cuestión de horas, con al menos 787 fallecidos en Irán y decenas más en Israel, en bases estadounidenses del Golfo y en otros países afectados por el intercambio de fuego; el término “daño colateral” vuelve a funcionar como anestesia moral frente a la destrucción real de vidas humanas.

La diferencia tecnológica (uso de misiles de precisión, drones, ciberataques) modifica las formas, pero no el contenido político: se trata, de nuevo, de un intento de disciplinar a un Estado que no se subordina completamente a las exigencias del centro imperial, esta vez en un Medio Oriente ya devastado por décadas de guerras y ocupaciones.

La analogía con Vietnam se hace más clara cuando se observan las estrategias de respuesta del lado atacado. Así como Hanoi articuló una guerra prolongada destinada a hacer políticamente insostenible la presencia americana, la dirigencia iraní parece apostar, según observadores críticos, por elevar los costos regionales y globales de cualquier intento de cambio de régimen, más que por una improbable victoria militar convencional sobre Estados Unidos e Israel. Irán dispone de milicias aliadas, capacidades misilísticas, herramientas de guerra asimétrica y una geografía estratégica que le permite responder de manera dispersa y sostenida, extendiendo el conflicto a todo el espacio regional (desde el Golfo hasta el Mediterráneo) y transformando la ofensiva en una guerra de desgaste contra los intereses occidentales.

De manera semejante a Hanoi, que buscaba frustrar los objetivos de Washington y forzarle a elegir entre escalada o retirada, Teherán parece confiar en un cálculo de largo plazo en el que el factor decisivo no es el número de aviones o mísiles, sino la capacidad de resistir y devolver golpes hasta agotar la voluntad política del agresor.

Esta lógica de guerra total, aunque no adopte formalmente la figura clásica de la declaración entre Estados, tiene consecuencias devastadoras para las sociedades involucradas y para el propio tejido del derecho internacional. En Vietnam, décadas de combate dejaron millones de muertos, comunidades enteras desplazadas, ecosistemas arrasados por defoliantes y bombas, y un legado de enfermedades y malformaciones que todavía hoy persiste. La promesa de “defensa de la libertad” encubrió una práctica militar que trató al país como un espacio sacrificable, un simple tablero donde se jugaba el equilibrio global de la Guerra Fría.

En el caso iraní, aunque el conflicto está apenas en sus primeras fases, ya se vislumbra una lógica similar: los bombardeos sobre ciudades, la destrucción de infraestructura eléctrica, sanitaria y de comunicaciones y la intensificación de sanciones económicas apuntan hacia una estrategia de asfixia integral que castiga a la población como medio para provocar fracturas internas y acelerar un colapso del régimen. Se actualiza así la figura de la sociedad civil convertida en rehén de los cálculos geopolíticos de potencias que se arrogan el derecho de decidir quién puede o no puede poseer determinadas tecnologías o establecer determinadas alianzas.

Desde una perspectiva crítica, la comparación histórica invita a cuestionar la pretendida excepcionalidad de cada guerra. Cuando Francia habló de “guerra sucia” en Indochina, aludiendo a la dificultad de combatir a un enemigo “difuso” que se confundía con la población, en realidad estaba etiquetando como irregular aquello que no se sometía a su modelo de guerra convencional y a su pretensión de soberanía colonial. Cuando Washington convirtió Vietnam en un laboratorio de contrainsurgencia, no hizo sino profundizar una concepción del mundo según la cual cualquier proyecto político no alineado con los intereses de Occidente es susceptible de ser tratado como problema militar y no como interlocutor político.

La actual campaña contra Irán reproduce este patrón: no se discute políticamente el lugar de Teherán en el orden regional, sino que se intenta “neutralizar” su capacidad de actuar mediante la destrucción de su infraestructura estratégica y el desgaste de su sociedad, apoyándose en un discurso que criminaliza a la República Islámica como “régimen fuera de la civilización”. En los tres casos —Indochina, Vietnam y ahora Irán— la guerra funciona como dispositivo de administración violenta del mundo, donde la violencia no es un fracaso de la política, sino la prolongación de una política imperial que se niega a aceptar la pluralidad de proyectos históricos.

Frente a esta matriz, la resistencia de los pueblos adquiere también rasgos estructurales que van más allá de pensamientos específicas. El Viet Minh y luego el Viet Cong construyeron su fuerza en la articulación de una identidad nacional que enlazaba la lucha anticolonial con tradiciones culturales y comunales muy anteriores al marxismo-leninismo (aunque orientándolos en su proceso de liberación), y que convertían la defensa del territorio en una causa de dignidad colectiva. La República Democrática de Vietnam supo integrar esta dimensión simbólica con una estrategia de guerra prolongada que asumía sacrificios enormes a cambio de mantener la cohesión social frente al agresor.

En el caso iraní, el régimen se apoya del islam chií, la memoria de la revolución de 1979 y la idea de resistencia frente al “arrogante global” (título que el discurso oficial reserva a Estados Unidos) generando una forma de nacionalismo religioso que refuerza la disposición a soportar costos elevados en nombre de la independencia. Este tipo de configuraciones identitarias puede ser leído, desde una mirada liberal, como irracionalismo; sin embargo, también puede entenderse como respuesta histórica a un orden internacional que niega sistemáticamente la soberanía efectiva de las naciones del Sur global.

Las consecuencias políticas de las guerras contra Vietnam fueron paradójicas para los agresores. Francia salió de Indochina con el prestigio imperial erosionado, obligada a renunciar a la ilusión de restaurar su viejo dominio colonial en Asia. Estados Unidos, a pesar de seguir siendo una superpotencia militar, sufrió una derrota estratégica que dejó profundas huellas en su cultura política: la llamada “Síndrome de Vietnam” que acompaña cada discusión interna sobre intervenciones exteriores, y la desconfianza ciudadana hacia las narrativas oficiales se consolidó a partir de las mentiras y manipulaciones de aquella época.

Las imágenes de aldeas bombardeadas, de soldados traumatizados y de protestas masivas en las universidades estadounidenses se convirtieron en símbolos de una fractura entre el poder estatal y la sociedad. De manera análoga, la guerra contra Irán difícilmente pueda limitarse al territorio de ese país: ya se hace sentir en las tensiones con Rusia y China, en la inestabilidad de los mercados energéticos y en las dinámicas internas de sociedades occidentales donde crecen tanto el rechazo a nuevas aventuras militares como las pulsiones autoritarias que buscan imponer el consenso por la fuerza.

En el ámbito del derecho internacional y de las instituciones multilaterales, cada una de estas guerras implicó, he implica, un retroceso respecto a los principios formales que se declaran en las cartas fundacionales. El bombardeo de Vietnam, Laos y Camboya puso en cuestión el sistema de Naciones Unidas, evidenciando su incapacidad para frenar a una superpotencia dispuesta a reinterpretar la legítima defensa de forma expansiva e ilimitada. La intervención francesa en Indochina estuvo acompañada de una retórica de “misión civilizadora” que naturalizaba el estatuto colonial y vaciaba de contenido el principio de autodeterminación recién consagrado al término de la Segunda Guerra Mundial.

La guerra contra Irán se produce en un contexto donde la Carta de la ONU prohíbe expresamente el uso de la fuerza salvo en casos de legítima defensa o autorización del Consejo de Seguridad, pero donde las potencias pueden invocar categorías ambiguas como “amenaza inminente” o “responsabilidad de proteger” para justificar acciones militares unilaterales o en coalición. La normalización de estos atajos jurídicos erosiona el frágil edificio del derecho internacional y consolida una suerte de “estado de excepción” global en el que la seguridad de unos se convierte en la inseguridad estructural de muchos.

Si se considera el momento histórico actual, con un sistema internacional en transición y múltiples potencias disputando influencia, la guerra contra Irán puede también interpretarse como un intento de frenar por la fuerza procesos de reconfiguración multipolar que debilitan la capacidad de Occidente para fijar las reglas del juego global. Irán, más allá de su régimen interno, es un nodo importante en proyectos energéticos, comerciales y militares que vinculan a Asia con Europa y África, y ha estrechado relaciones con factores como Rusia y China que cuestionan la hegemonía estadounidense.

En este sentido, la ofensiva de 2026 se parece a la de Vietnam en tanto es menos una guerra contra un país aislado que una batalla por el tipo de orden mundial que se impondrá en las próximas décadas. La diferencia es que ahora el escenario está atravesado por otras crisis globales (climática, económica, sanitaria) que vuelven aún más irresponsable la decisión de apostar por la destrucción bélica en lugar de la negociación política, porque cada bomba no sólo mata personas, sino que desvía recursos y energías de los desafíos comunes que afectan a toda la humanidad.

En este marco, la tarea de un análisis crítico no puede limitarse a contabilizar daños o a describir movimientos militares, sino que debe interrogar las narrativas que hacen posible, aceptable o incluso deseable la repetición de estas guerras. En Indochina y Vietnam, se habló de “defender el mundo libre”, “contener el Comunismo” y “salvar a los pueblos del totalitarismo”, al tiempo que se imponían dictaduras locales aliadas y se destruían sociedades enteras en nombre de una idea abstracta de libertad.

Hoy, en el caso de Irán, el discurso se articula en torno a la necesidad de impedir un “Holocausto nuclear”, de proteger a Israel y a los aliados del Golfo, de apoyar a los “iraníes que desean la democracia”, como si el deseo legítimo de libertades políticas pudiera realizarse a través de misiles de crucero, drones armados y sanciones que empobrecen masivamente a la población. La verdadera continuidad histórica quizá resida precisamente en esta capacidad del poder imperial para recubrir de palabras nobles lo que, en su materialidad, no es sino una administración sistemática de la muerte y del sufrimiento, dirigida casi siempre contra pueblos que han cometido el “crimen” de no resignarse a un lugar subordinado en el sistema mundial.

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