La historia del siglo XXI ha convertido a Venezuela en el epicentro de una batalla jurídica y económica sin precedentes. Desde el derecho Internacional la soberanía de una nación no reside únicamente en el control de sus fronteras terrestres o en el ondear de su bandera; reside, fundamentalmente, en la capacidad autónoma de gestionar sus recursos para garantizar la vida digna de su pueblo.

Hoy, la exigencia de un aumento significativo del salario mínimo no es solo una necesidad económica, es un imperativo de soberanía nacional frente al secuestro financiero ejecutado desde Washington. Debemos entender que el salario de los venezolanos no está determinado exclusivamente por curvas de productividad local, sino que está siendo asfixiado por un mecanismo de control externo.

La administración estadounidense, a través de una arquitectura de medidas coercitivas unilaterales, mantiene bajo su dominio los flujos de capital provenientes de la venta de nuestro petróleo y las reservas de oro depositadas en el extranjero.

Este esquema representa una violación flagrante del principio de no injerencia y del derecho al desarrollo.

Al controlar el dinero que legítimamente pertenece a la República, el imperialismo busca quebrar el contrato social venezolano, utilizando el hambre y la precariedad salarial como armas de guerra no convencional.

El aumento del salario mínimo en Venezuela no puede seguir subordinado a los tiempos de una "licencia" de la OFAC o a la buena voluntad de burócratas en el Norte. Para que exista un progreso social real, el Estado debe recuperar el control total de su arquitectura financiera.

Sin el retorno de los activos secuestrados (oro y cuentas líquidas), el margen de maniobra para una política salarial robusta se ve mermado, obligando al Ejecutivo a malabarismos fiscales frente a una inflación inducida y con la recuperación de los ingresos petroleros permitiría fortalecer el bolívar y dotar de poder adquisitivo real a la clase trabajadora, la columna vertebral de la Revolución.

No se puede hablar de justicia social bajo el yugo del chantaje financiero. La tesis es clara: sin soberanía económica, el progreso social es una meta bajo asedio. El aumento del salario es una bandera de lucha que va de la mano con la exigencia de la devolución inmediata de cada gramo de oro y cada dólar retenido ilegalmente.

Venezuela ha demostrado que no es una colonia.

El pueblo trabajador entiende que su salario hoy es un frente de batalla. Defender el derecho a una remuneración justa es, en esencia, defender la independencia nacional.

La recuperación del salario mínimo será el indicador más claro de nuestra victoria definitiva contra el imperialismo que pretende gobernarnos por hambre.

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