El imperialismo estadounidense, en su fase de obsesión hegemónica, intenta reflotar una hoja de ruta que oscila entre la piratería del siglo XVIII y la guerra híbrida del siglo XXI. Bajo el eufemismo de "transiciones", lo que Washington realmente propone son ilegales transiciones de nuestra dignidad nacional.

La estrategia de la Casa Blanca y sus operadores locales no es un secreto; es una confesión de parte. El plan, diseñado para ejecutarse en un horizonte de dieciocho meses, se fundamenta en tres pilares de agresión que pretenden socavar la base misma de nuestra existencia como República.

El primer eje gira en torno a una narrativa criminal: el secuestro de la pareja presidencial, el día 3 de enero del 2026. Esta no es solo una agresión personal, ignorando que Venezuela es un Estado con poderes público constituido, control soberano y apoyo popular.

Detrás del discurso de la estabilidad económica, amigos y socios, lo que se esconde es el control de la faja petrolífera del Orinoco y nuestras reservas minerales y lo que pretenden es privatizar el subsuelo venezolano, convirtiendo a nuestra estatal petrolera en una oficina de despacho del Departamento de Estado.

El tercer objetivo es el establecimiento de un protectorado administrado por una extrema derecha pro-imperialista. Este sector no busca gobernar, sino liquidar el Estado-Nación para dar paso a un gobierno de gerentes subordinados a intereses transnacionales.

En su afán por generar un vacío de poder mediante la fuerza o el secuestro, olvidan que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un escudo normativo inexpugnable.

El artículo 233 de nuestra Carta Magna es taxativo. En él se enumeran las causas de falta absoluta: muerte, renuncia, destitución decretada por sentencia del TSJ, incapacidad física o mental certificada por una junta médica, abandono del cargo o revocación popular del mandato.

El secuestro o la detención ilegal por parte de una potencia extranjera no constituyen una falta absoluta. Cualquier intento de invocar una vacancia bajo estos supuestos es un acto nulo, írrito y violatorio del derecho internacional.

De acuerdo con el cronograma legal, cualquier intento de consulta sobre la continuidad del mandato presidencial solo podría realizarse mediante un Referendo Revocatorio.

Dado que el período inició el 10 de enero de 2025, el derecho a solicitar dicho referendo nacería el 10 de enero de 2028. Es decir, estamos a un año y diez meses de esa posibilidad constitucional. Cualquier plan de 18 meses para instalar un gobierno paralelo es, por definición, un golpe de Estado continuado.

En Venezuela, las transiciones son ilegales.

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