El escenario político venezolano y su relación con los centros de poder global atraviesan una disputa donde los conceptos jurídicos y la retórica del "desarrollo" suelen utilizarse como herramientas de coacción. 

Recientemente, los sectores más maximalistas de la ultraderecha transnacional (articulados entre Washington y sus operadores locales) han reactivado una narrativa peligrosa: condicionar cualquier tipo de alivio, financiamiento internacional o "ayuda para la reconstrucción" del país a una supuesta "transición  política" forzada, que obligaría al Estado venezolano a convocar a nuevos eventos electorales al margen de los lapsos constitucionales.

Esta postura no solo carece de viabilidad política en la realidad concreta del país, sino que representa un choque frontal contra el ordenamiento jurídico internacional, el principio de soberanía y la voluntad de la inmensa mayoría de los sectores  políticos y económicos nacionales, quienes coinciden en que la prioridad absoluta hasta el 2028 es la estabilidad, la recuperación de lo dañado por las medidas coercitivas unilaterales y el desarrollo económico y social.

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