La metamorfosis de una dictadura por herencia devenida en protectorado.

No ha sido un hecho deliberado que este análisis se publique el 13 de abril, pero la coincidencia no deja de ser significativa. Esa fecha ocupa un lugar profundamente simbólico y polarizado en la memoria colectiva venezolana. Para el chavismo representa el Día de la Dignidad Nacional, la gesta en que el pueblo, junto a sectores de la Fuerza Armada, revirtió el golpe de Estado de 2002 y restituyó a Hugo Chávez al poder. Para amplios sectores opositores, en cambio, esa misma fecha marca el momento en que se consolidó un proyecto político que sentó las bases de uno de los períodos más nefastos de nuestra historia reciente: la dictadura de Nicolás Maduro.

Precisamente hoy, lunes 13 de abril de 2026, se cumplen exactamente 100 días desde el 3 de enero, cuando una operación militar estadounidense capturó a Maduro en Fuerte Tiuna y permitió la entronización de Delcy Rodríguez como Presidenta Encargada. Desde ese día, Venezuela ha sido objeto de una avalancha de interpretaciones que oscilan entre dos polos igualmente insatisfactorios: los que celebran el acontecimiento como el inicio de una transición democrática y los que lo denuncian como una agresión imperialista sin más. Ambas lecturas eluden lo más importante: que lo que está ocurriendo en Venezuela no es ni lo uno ni lo otro, sino algo más complejo, más específico y, en última instancia, más peligroso para el futuro del país que cualquiera de las dos narrativas que compiten por nombrarlo.

Cien días han sido suficientes para instalar en Venezuela un sistema de control tan sofisticado como inédito. No es una metáfora. En estas páginas intento nombrarlo con la mayor precisión posible, porque lo que se ha configurado aquí es, sin rodeos, un protectorado. No estamos ante una transición democrática ni frente a una intervención imperial en su formato clásico, sino ante algo más escurridizo: una forma de dominación que prescinde de tanques en las calles y de gobernadores coloniales ocupando ministerios. El siglo XX volvió insostenible aquel espectáculo visible que llamábamos colonialismo; hoy el dispositivo es más pulcro, más administrativo.

Washington ejerce el control a través de un entramado burocrático que, por momentos, resulta casi imperceptible. El Departamento del Tesoro gestiona licencias y sanciones que asfixian la actividad económica venezolana, sobre todo en sectores estratégicos como los hidrocarburos y la minería. La renta petrolera es capturada antes de llegar a Caracas y administrada desde afuera, previa solicitud y bajo esquemas de rendición de cuentas impuestos a las autoridades locales. Los contratos, por su parte, someten la explotación de recursos clave a jurisdicción norteamericana, mientras se imponen prohibiciones explícitas -nada menos- para que el país refine su propio oro dentro de su territorio.

En paralelo, una élite local -el régimen de Delcy Rodríguez, ese cipayato que se documenta en estas páginas- se ocupa de gestionar la subordinación con un celo que, cabe sospechar, incluso supera las expectativas de quienes la tutelan. Estamos, en definitiva, ante una forma de dominación externa sin ocupación territorial directa, sostenida por mecanismos financieros, jurídicos y administrativos cuya apariencia técnica disimula una lógica de control prácticamente total sobre el destino económico del país.

Nombrar esta realidad con precisión no es un recurso retórico. Es, más bien, el punto de partida indispensable para cualquier estrategia de resistencia o de reconstrucción democrática que aspire a sostenerse sobre una descripción honesta, sin atenuantes, de lo que realmente ocurre.

La narrativa oficial del rodrigato insiste en una capitulación forzada ante una amenaza creíble: una élite cercada que habría negociado concesiones bajo presión, en medio de una operación militar de extrema agresividad y con apenas quince minutos para decidir, bajo la amenaza de su propia aniquilación. Sin embargo, hay indicios que apuntan en otra dirección, y de forma bastante contundente.

Investigaciones de The New York Times y The Guardian documentaron en su momento que las negociaciones que desembocaron en las concesiones actuales comenzaron varios meses antes de la captura de Maduro. Más aún, sugieren que Delcy y Jorge Rodríguez ya mantenían conversaciones en paralelo, y a espaldas del propio Maduro, comprometiéndose a cooperar una vez que este fuera removido. Si esto es así, las implicaciones son difíciles de eludir. El rodrigato no entregó aquello que no podía sostener: entregó lo que ya había acordado entregar. Y esa diferencia importa. No es un matiz retórico. En un caso hablamos de derrota; en el otro, de traición. Tampoco parece que Washington haya escogido a su interlocutor venezolano después de actuar: todo indica que la elección fue previa.

La llamada filtrada del 10 de enero de 2026, en la que Rodríguez relató el momento de la captura ante comunicadores oficialistas, terminó por despejar cualquier duda, aunque probablemente sin proponérselo. Allí expuso con claridad los tres objetivos que, según ella, guiaban al alto mando político: preservar la paz, rescatar a los rehenes y -el tercero, el decisivo- "preservar el poder político, porque la Revolución Bolivariana, si no está en el poder político, bueno, imagínense ustedes el destino de este país". No habló de soberanía. Tampoco del orden constitucional. Habló, sin ambigüedades, del poder político de la élite gobernante.

El manual operativo: qué dicen realmente las licencias

Entre el 29 de enero y el 1 de abril de 2026 -apenas 62 días- la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió o actualizó veinte instrumentos vinculados a Venezuela: licencias generales, órdenes ejecutivas y decisiones administrativas que, tomadas en conjunto, configuran lo que este análisis propone llamar el manual operativo del protectorado. Consideradas de forma aislada, muchas de estas medidas podrían pasar por decisiones de política comercial. Pero al leerlas como un sistema, lo que aparece es otra cosa: una arquitectura de dominación de una precisión poco habitual en la historia reciente de las relaciones interamericanas.

El primero de los mecanismos, y probablemente el más decisivo, es la captura de la renta soberana. La Orden Ejecutiva 14373, firmada el 9 de enero de 2026 -seis días después de la captura de Maduro-, creó los llamados Foreign Government Deposit Funds. A partir de allí, cualquier pago dirigido al gobierno venezolano o a PDVSA por concepto de petróleo, gas, oro o minerales debe depositarse en fondos bajo control directo del Departamento del Tesoro. Desde esos fondos, según explicó el senador Marco Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 28 de enero de 2026, los recursos son transferidos a una cuenta en Qatar que funciona como fideicomiso bilateral. El gobierno de Rodríguez, en ese esquema, debe presentar mensualmente un presupuesto detallado de sus necesidades de financiamiento, mientras que Washington conserva la facultad de vetar partidas específicas.

En la práctica, Venezuela ha dejado de percibir directamente los ingresos derivados de sus propios recursos naturales. Opera más bien como un administrador delegado de una renta que primero pasa por Washington y que solo retorna a Caracas en la medida -y bajo las condiciones- que allí se determinen. El propio título de la Orden Ejecutiva merece atención, por lo que deja entrever: "Salvaguardando los ingresos petroleros venezolanos para el bien del pueblo americano y venezolano". El orden de la frase -"americano y venezolano"- dice más de lo que probablemente pretende.

El segundo mecanismo apunta a la erosión de la jurisdicción soberana. Las licencias operativas de mayor peso establecen como condición que los contratos se rijan por las leyes de Estados Unidos y que cualquier disputa sea resuelta en su sistema judicial. Esto entra en conflicto directo con el artículo 151 de la Constitución venezolana, que prohíbe sustraer los contratos de interés público de los tribunales nacionales. La sincronía con la reforma legal interna no parece casual: el artículo 40 de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada el 29 de enero de 2026, habilita precisamente esa cesión de jurisdicción. Más que una adaptación de las licencias a la reforma, todo sugiere el movimiento inverso.

El tercer mecanismo combina cartelización y exclusión geopolítica. Bajo la licencia central que regula el sector, solo seis corporaciones occidentales tienen acceso pleno a las operaciones de petróleo y gas en Venezuela: BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell. La selección no es neutra: incluye una empresa estadounidense, varias europeas vinculadas al espacio OTAN y excluye por completo a actores de otros bloques. No hay presencia de compañías chinas, rusas, iraníes o cubanas, ni de empresas venezolanas independientes de PDVSA. Las restricciones van más allá: las licencias prohíben no solo operar con Rusia, Irán, Cuba o Corea del Norte, sino también cualquier transacción con entidades que mantengan vínculos societarios con capital chino. El 31 de marzo de 2026, una aclaración oficial de la OFAC (FAQ 1247) extendió estas condiciones a operadores de cualquier nacionalidad. El esquema dejó de ser un arreglo bilateral para convertirse en un estándar global de acceso al sector extractivo venezolano, definido desde Washington.

El cuarto mecanismo deja ver con particular claridad la lógica de fondo: la prohibición de que Venezuela agregue valor a sus propios recursos dentro de su territorio. La licencia GL-51A, emitida el 27 de marzo de 2026, autoriza la exportación de oro venezolano hacia Estados Unidos para su refinación allí. Al mismo tiempo, prohíbe de forma explícita su procesamiento en Venezuela y cierra posibles rutas alternativas al extender la prohibición a países como Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China. El resultado es inequívoco: el mineral puede ser extraído en Venezuela, pero debe salir en bruto. El valor agregado queda reservado al bloque occidental bajo condiciones definidas por Washington. La lógica del enclave aparece aquí sin demasiados velos, codificada en lenguaje administrativo.

Las consecuencias no tardaron en hacerse visibles. El 9 de marzo de 2026, el Secretario del Interior, Doug Burgum, anunció desde el Palacio de Miraflores -junto a una Delcy Rodríguez visiblemente complacida- que un primer cargamento de oro venezolano, valorado en unos 100 millones de dólares, ya había llegado a Estados Unidos. La escena es elocuente por sí sola: un funcionario de la potencia que ejerce la tutela comunica, desde la sede del gobierno venezolano, la llegada del primer envío de un recurso nacional a su destino final. Cuesta encontrar en ese cuadro algún rastro de soberanía.

El quinto mecanismo establece un sistema de vigilancia constante sobre las actividades extractivas. Las licencias obligan a reportes periódicos al Departamento de Estado y al Departamento de Energía: cada 90 días en el caso del petróleo, cada 30 en el sector minero. En este último, además, se suma el Departamento del Interior como receptor de información, lo que confirma que la supervisión operativa recae directamente en esa instancia. Washington dispone así de datos detallados sobre quién opera en Venezuela, cuánto produce, qué paga en impuestos y regalías, y en qué condiciones comercializa. Esa transparencia, sin embargo, no es recíproca: la ciudadanía venezolana permanece al margen. La Ley Antibloqueo de 2020, reforzada por la reforma de la LOH, permite al Ejecutivo declarar confidenciales todos estos procesos. El resultado es un sistema transparente hacia afuera y opaco hacia adentro.

El sexto mecanismo es la progresión cronológica y el diseño por capas. Leer el sistema de licencias como un conjunto de piezas aisladas deja fuera un aspecto clave: su desarrollo en el tiempo. Más que un paquete cerrado, lo que se observa es una construcción por capas, que se expande de forma progresiva y acompasa cada nuevo tramo a las concesiones del rodrigato. Incluso instrumentos previos, como la GL-45B de 2024, adquieren otro sentido bajo esta lógica: no aparecen como residuos de una etapa anterior, sino como anticipos de un andamiaje jurídico que ya se estaba ensayando antes de su despliegue definitivo. A partir de finales de enero de 2026, la secuencia se vuelve especialmente clara: primero se establece el marco petrolero, luego se habilitan insumos, logística y contratos de inversión, y finalmente se consolida un grupo restringido de operadores con acceso pleno al sector.

En cuestión de semanas, ese mismo esquema se replica casi sin variaciones en el ámbito minero, hasta cubrir la totalidad de los recursos estratégicos del país bajo un diseño coherente y centralizado. La lógica que articula esta expansión es difícil de ignorar: cada concesión es seguida por una ampliación del sistema, y cada ampliación consolida el terreno ya cedido. Más que una negociación entre partes con capacidad equivalente, lo que emerge es una dinámica de subordinación gradual, donde el cumplimiento por parte venezolana habilita nuevas fases de control. El resultado es un dispositivo que no solo se amplía en alcance, sino que se ajusta en tiempo real, institucionalizando una relación de dependencia marcada por una asimetría cada vez más profunda.

El séptimo mecanismo -en realidad, el que cierra el cuadro en su dimensión temporal- introduce una forma de control diferido. La licencia GL-5V, del 19 de marzo de 2026, regula el desbloqueo del bono PDVSA 2020 al 8,5%, cuyo respaldo incluye una participación accionaria en CITGO, uno de los activos externos más valiosos de Venezuela. En lugar de resolver de manera definitiva el destino de ese activo, Washington opta por prorrogar decisiones en plazos cortos, manteniendo así un instrumento de presión constante sobre el rodrigato. No se trata solo del control de los flujos presentes o futuros, sino también de la administración del pasivo acumulado y de los activos históricos. El alcance es, en ese sentido, integral en el tiempo.

El cierre de esta arquitectura llegó el 1 de abril de 2026, cuando la OFAC retiró a Delcy Rodríguez de su Lista de Nacionales Especialmente Designados, en la que permanecía desde 2018 acusada de haber sido una figura clave en la consolidación del poder autoritario de Maduro. En menos de tres meses, su estatus cambió por completo. El mismo Estado que la sancionó decidió levantar esas restricciones. Difícil leer ese gesto como algo meramente humanitario o protocolar: funciona, más bien, como la confirmación de un intercambio. Una forma de convertir en garantía efectiva lo que hasta entonces operaba como expectativa implícita de protección.

El cipayato: la traición más escandalosa de la historia reciente

El término cipayo remite a la India colonial: así se llamaba a los soldados indios reclutados por los ejércitos europeos -en particular los de la Compañía Británica de las Indias Orientales- que combatían, bajo mando extranjero, contra otros indios que resistían la dominación imperial . Con el tiempo, la palabra se cargó de un sentido político más amplio y, en América Latina, pasó a designar a aquellas élites que subordinan los intereses nacionales a los del capital externo o a los de potencias extranjeras. El caso de los Rodríguez encaja dentro de esa tradición, aunque introduce un matiz que lo vuelve especialmente perturbador: su origen ideológico.

A diferencia de las élites conservadoras de los siglos XIX y XX -que actuaban como intermediarias del capital extranjero desde posiciones de clase abiertamente alineadas con el orden imperial-, el rodrigato surge de un movimiento que durante dos décadas construyó su identidad política precisamente en la denuncia del imperialismo norteamericano. Hugo Chávez, Nicolás Maduro, y los propios hermanos Rodríguez convirtieron la figura del cipayo en uno de los blancos principales de su discurso: vendepatrias, traidores, pitiyankees, agentes de la CIA. Lo que está en juego ahora no es la continuidad de una élite históricamente subordinada, sino el giro de una que había hecho de la supuesta resistencia su principal fuente de legitimidad. Cuando la supervivencia entró en tensión con los principios proclamados, la elección fue clara -y no vino acompañada de mayores esfuerzos por justificarla. La coherencia y la integridad no parecen ser valores importantes para los Rodríguez y quienes le acompañan.

El segundo rasgo distintivo es la velocidad, pero también el tono con que se ejecuta esa reorientación. El rodrigato no se limitó a cumplir compromisos bajo presión: los llevó más allá, con una rapidez que incluso pudo haber sorprendido a quienes los exigían. Veintiséis días para reformar el marco petrolero. Dos meses para la primera entrega de oro. Menos de diez semanas para recibir en Miraflores a seis altos funcionarios estadounidenses con trato de aliados estratégicos. A eso se suma el agradecimiento público de Rodríguez a Trump por referirse a Venezuela como "amigo y socio", junto con la petición -formulada en esos mismos términos- de levantar las sanciones. No es el lenguaje de quien cede a regañadientes, sino el de quien empieza a reconocerse en una nueva posición y la asume sin demasiadas reservas. No es casual que Trump se desviva frecuentemente en elogios hacia la señora Presidenta encargada: "Es una persona estupenda!";Es fantástica!"; "Nos la llevamos muy bien."

Pero hay una tensión que atraviesa todo el dispositivo y que constituye, al mismo tiempo, su punto más frágil: gobernar en nombre de Chávez mientras se desarma, pieza por pieza, lo que Chávez construyó. De ahí la necesidad de producir, casi sin pausa, una retórica que amortigüe esa contradicción -el "pragmatismo chavista", la "gestión inteligente del secuestro", la "resistencia táctica"- y que permita presentar la rendición como estrategia, la entrega como sacrificio. Sin embargo, basta volver a las propias palabras de Chávez -sobre la regalía como derecho soberano o sobre el riesgo de entregar el petróleo al capital extranjero- para advertir que esa supuesta continuidad no es más que una inversión completa de su sentido original.

La agenda de la administración Trump hacia Venezuela responde a un pragmatismo difícil de disimular. En primer lugar, está el acceso preferencial al petróleo venezolano para el capital estadounidense, en condiciones que, además, dejan fuera a competidores como China, Rusia o Irán. El propio Trump lo expresó sin rodeos en su discurso del Estado de la Unión del 24 de febrero de 2026, cuando habló de "nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela" y destacó que el país había suministrado a Estados Unidos "más de 80 millones de barriles de petróleo". Pero el interés va más allá del crudo. El acceso privilegiado al oro y a minerales críticos -coltán, diamantes, tierras raras-, habilitado por las licencias del 27 de marzo (GL-51A, GL-54 y GL-55), introduce un componente geopolítico de primer orden, especialmente en el marco de la competencia tecnológica con China.

A esto se suma un segundo objetivo: el realineamiento geopolítico de Venezuela dentro del bloque occidental. Algunos analistas han descrito este movimiento como una suerte de "Doctrina Monroe 2.0", una actualización de la hegemonía hemisférica estadounidense que ya no descansa únicamente en la fuerza militar, sino en una combinación de presión financiera, dispositivos jurídicos y acciones selectivas de fuerza. En ese contexto, el narcotráfico y la migración han funcionado más como argumentos públicos que como motores reales de la intervención. El núcleo de la operación parece estar en otra parte: el control de recursos estratégicos y la reconfiguración del mapa de alianzas.

La democratización, dentro de este esquema, queda relegada a un plano instrumental y diferido. "Habrá elecciones en 18 o 24 meses", afirmó el Secretario de Energía, Chris Wright. Más que una promesa, suena a cronograma condicionado: un proceso electoral supeditado a que no altere la estabilidad del nuevo arreglo ni ponga en riesgo los acuerdos ya alcanzados. En ese mismo registro puede leerse la declaración de Trump del 18 de marzo de 2026 -hecha en tono celebratorio tras la victoria venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol-, cuando insinuó que el país podría convertirse en el "Estado 51 de la Unión". Más allá de la ambigüedad habitual de su estilo, la frase deja entrever un horizonte que trasciende la retórica democrática: no se trata tanto de democratizar a Venezuela como de integrarla, en condición subordinada, al orden que Washington busca consolidar.

En el plano interno, el campo opositor venezolano aparece profundamente fragmentado, y no es difícil rastrear las causas: años de represión sistemática, la erosión del tejido organizativo y una emigración que ya supera los siete millones de personas. Sin embargo, más allá de ese trasfondo estructural, los posicionamientos actuales frente al protectorado merecen ser descritos con cierta claridad.

El maricorinismo, por ejemplo, no se opone a este esquema. Más bien lo respalda abiertamente y aspira a administrarlo con una pátina más democrática y, si acaso, con condiciones aún más atractivas para el capital transnacional. No parece tratarse de silencio táctico ni de cautela frente a un entorno adverso, sino de afinidad ideológica. Sus críticas no apuntan al contenido de la reforma petrolera o de la legislación minera, sino al hecho de no haber sido protagonistas de su diseño, e incluso a que -desde su perspectiva- esas reformas no fueron lo suficientemente lejos. En su intervención en CERAWeek Houston, en marzo de 2026, Machado presentó a los inversores un esquema todavía más abierto: privatización plena del sector, propiedad directa de la producción desde el pozo, contratos de largo plazo y estabilidad fiscal sin fisuras. Llevado al extremo, este posicionamiento desdibuja su carácter de actor político nacional y lo acerca más a una extensión funcional de la política exterior estadounidense, encargada de legitimar internamente lo que ya se negocia por otras vías.

La oposición participacionista y colaboracionista -los llamados "alacranes", el Foro Cívico, figuras como Enrique Márquez, cuya presencia en el discurso del Estado de la Unión junto a la Primera Dama alimentó todo tipo de especulaciones- ha acompañado, con su voto o con su silencio, buena parte de las reformas impulsadas por el cipayato, incluyendo la de hidrocarburos y la ley minera. Ese respaldo, activo o tácito, ha contribuido a desmontar los márgenes de control soberano sobre los recursos estratégicos del país.

Por último, la izquierda democrática y el progresismo venezolano -un espacio diverso, atravesado por matices pero unido en su rechazo tanto al autoritarismo del rodrigato como a las condiciones en que se configura este nuevo orden- ofrece probablemente el diagnóstico más consistente, aunque también carga con el mayor nivel de fragmentación organizativa. Sin embargo, es este espacio uno de los más privilegiados y quizá el más llamado a propiciar la formulación de una crítica consistente, radical y comprometida contra al protectorado, precisamente porque no está comprometido con la validación del tutelaje externo como vía de salida del autoritarismo. Ello de hecho, ya está ocurriendo.

Una hipoteca intergeneracional

Lo que Venezuela está hipotecando exige ser dicho sin abstracciones y sin eufemismos, porque solo así puede calibrarse la magnitud y dimensión real de la entrega y de lo que este país está perdiendo con ella.

Lo primero es la renta petrolera y minera de varias generaciones. Quienes hoy tienen veinte años llegarán a los cincuenta cuando venzan muchos de los contratos que se están firmando ahora. Es decir, atravesarán toda su vida productiva en un país donde los ingresos provenientes de las mayores reservas petroleras del mundo no se gestionan plenamente desde su propio territorio, sino bajo esquemas condicionados desde el exterior. Esa es, en sentido estricto, una hipoteca intergeneracional: un compromiso de largo plazo que difícilmente habría podido asumirse en condiciones democráticas sin consultar directamente a la ciudadanía.

También queda comprometida la capacidad soberana de hacer política económica. Cuando cada decisión presupuestaria relevante depende de una instancia externa, el margen de acción del gobierno se reduce de manera drástica. Educación, salud, infraestructura, programas sociales: todo termina atravesado por un filtro que no responde a las prioridades definidas internamente, sino a criterios fijados fuera del país.

En paralelo, se redefine la posición de Venezuela en el tablero geopolítico. El país que durante años intentó proyectarse como un polo alternativo de influencia regional reaparece ahora alineado con el bloque occidental, fundamentalmente como proveedor de recursos. Y lo hace, además, bajo condiciones que limitan -de forma explícita- sus vínculos con otros socios internacionales que antes funcionaban como contrapeso.

Pero hay una dimensión aún más difícil de revertir, porque no se mide en contratos ni en balances: la cultura política de la soberanía. Cuando la sumisión empieza a nombrarse como "cooperación", la rendición como "pragmatismo" y la colonización como "transición", no se trata solo de un giro discursivo. Es un intento sostenido por reconfigurar el sentido común, de hacer aceptable lo que antes habría sido inaceptable. Si ese proceso logra asentarse, la pérdida más profunda no será la de los recursos ni la de los ingresos futuros, sino la de la capacidad misma de la sociedad venezolana para reconocer la naturaleza de lo que enfrenta -y, en consecuencia, para oponerse a ello.

Transición no significa democratización

La palabra "transición" se ha vuelto un terreno en disputa. Distintos actores, con proyectos que no solo divergen sino que en muchos casos se contradicen abiertamente, recurren al mismo término para nombrar cosas que no son equivalentes. Para el rodrigato, la transición apunta a estabilizar su poder bajo un nuevo marco internacional. Para Washington, remite a la consolidación de un aliado funcional, capaz de garantizar acceso a recursos estratégicos y alineamiento geopolítico. En el caso de la oposición colaboracionista, el término se reduce, en buena medida, a la posibilidad de ocupar espacios dentro del nuevo arreglo.

Desde la perspectiva de la sociedad democrática venezolana, sin embargo, la idea de democratización tendría que significar algo sustancialmente distinto. Implicaría, ante todo, reconstruir el Estado de derecho: restablecer una separación real de poderes, garantizar elecciones libres y verificables, asegurar la vigencia efectiva de los derechos consagrados en la Constitución de 1999, exigir rendición de cuentas por los abusos del período autoritario y revisar -por inconstitucionales- las normas que sostienen los acuerdos extractivos actuales.

Si ese horizonte se diluye, lo que queda difícilmente puede llamarse democratización. Un proceso electoral organizado con el rodrigato aún controlando el aparato represivo que se mantiene intacto desde los días en que Maduro gobernaba, con un árbitro electoral sin reformas de fondo, con los acuerdos extractivos ya en marcha y con un sistema de licencias que condiciona de antemano el margen de acción de cualquier gobierno electo, no altera lo esencial. A lo sumo, introduce una capa de legitimidad formal sobre una estructura que permanece intacta.

Hay, no obstante, un rasgo particular de este modelo que lo diferencia de experiencias anteriores: su nivel de exposición. A diferencia de otras formas históricas de dominación, esta se encuentra ampliamente documentada. Las licencias del Departamento del Tesoro son de acceso público, igual que las decisiones administrativas que las acompañan. Desde comienzos de 2026, ese entramado se ha ido ampliando con autorizaciones específicas para sectores como el petróleo y la minería, bajo condiciones detalladas y verificables. Lo que antes habría operado en la opacidad más absoluta, hoy está, en gran medida, a la vista. Y sin embargo, esa visibilidad no elimina el problema; más bien introduce otro. Este tipo de esquema necesita presentarse como un conjunto de procedimientos técnicos para sostenerse. Cada vez que alguien se detiene a leer esos documentos, a cruzarlos, a traducir su lenguaje a términos comprensibles, esa apariencia empieza a resquebrajarse. Lo que parecía gestión administrativa revela entonces su dimensión política y sus alcances en términos de erosión de la soberanía.

En ese contexto cobra sentido la pregunta que formuló Carlos Mendoza Pottellá: "Lo que se está discutiendo ahorita no es si va a venir un gobierno nuevo, si va a ser de derecha, va a ser de izquierda o va a ser aliado de Rusia o de China, sino si vamos a seguir siendo nación. Eso es todo lo que se está discutiendo."

La pertinencia de esa pregunta es difícil de ignorar. Y la respuesta no depende únicamente de decisiones de alto nivel, sino también de algo más básico: de la capacidad de la sociedad venezolana para reconocer lo que está ocurriendo antes de que ese reconocimiento deje de tener efectos. A cien días de instalado este nuevo esquema -y en una fecha cargada de simbolismo para la narrativa de la soberanía chavista- el margen para esa toma de conciencia parece cada vez más estrecho.

Cada nueva licencia consolida lo que antes podía presentarse como provisional y con cada actualización, se corrige lo que una vez puesta en práctica la Licencia, se identifica como problemático o como susceptible de ajuste para el mejor logro de su objetivo final. . Cada contrato firmado genera compromisos que encarecen cualquier intento de revisión futura. Cada tramo de tiempo sin rendición de cuentas vuelve más familiar un escenario que, en otro momento, habría resultado inaceptable. Por eso la urgencia no es una exageración retórica, sino una condición real del momento que se está viviendo.

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