1. La Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo son dos instituciones fundamentales en todos los países del mundo. La primera es el brazo del gobierno responsable de la plena vigencia del Estado de Derecho y de la acción penal, siendo garante en esta delicada tarea del cumplimiento estricto del debido proceso judicial. La segunda, es esencial en la defensa de todos los derechos de todos los ciudadanos, en especial de los Derechos Humanos.

2. Los titulares que designe la Asamblea Nacional para ambas responsabilidades deben ser personas de alta credibilidad política y moral, de experiencia positiva en el desempeño de funciones públicas o privadas, con conocimiento de todas las materias relacionada con sus cargos, de objetividad e imparcialidad a toda prueba en el análisis de las situaciones que deban enfrentar.

3. En la situación coyuntural que vive Venezuela en la actualidad, de ejecutorias que deben corresponderse con las exigencias del nuevo momento político en desarrollo, no hay espacio para errar en la selección de estos importantes funcionarios, pues el mensaje hacia el país y el exterior no debe ser ambiguo, sino consistente con el discurso existente de construcción plural de un cambio democrático.

4. Es lógico y ajustado a la tradición republicana que el fiscal general sea un jurista reconocido, con una posición política no necesariamente contraria a la del ejecutivo nacional, mas no obsecuente y jamás un verdugo, que degrade la institución al papel de perseguidor de los adversarios políticos del gobierno.

5. Igualmente, en lo que corresponde a la Defensoría del Pueblo, la misma debería ser ocupada por una persona reconocida por su compromiso y vínculo con la defensa de los DDHH, sin desempeños anteriores que contradigan esta condición y sin ataduras de ningún tipo con el gobierno, pero con suficiente altura de miras, criterio y voluntad, para desde allí canalizar y resolver con firmeza los casos de violación de derechos humanos que a diario se presentan.

6. Cerrada hoy la etapa de postulaciones, quienes suscribimos reconocemos que el amplio grupo de aspirantes está integrado, en general, por venezolanos con buena hoja de servicios, lo único extraño había sido la repostulación del exfiscal general, Tarek W. Saab, cuya salida de la fiscalía había generado un respiro de alivio general en la sociedad; afortunadamente, dicha postulación fue retirada.

7. El proceso actual de designación de estos dos funcionarios claves, debería servir para demostrar que es perfectamente posible lograr un consenso total en la Asamblea Nacional, para designar un Defensor del Pueblo calificado y sin nexos ningunos con el gobierno, al que deberá enfrentar si fuere necesario, para garantizar el respeto de los DDHH. Así mismo, dicho consenso se debería extender a la designación de un fiscal, también calificado profesionalmente, que no tiene por qué ser políticamente adversario del gobierno.

8. Estas dos designaciones, las asumiríamos como las primeras dentro de un esfuerzo amplio por renovar las instituciones y avanzar, por vías cívicas de diálogo, apertura y consenso, hacia la reconciliación nacional, que es el desiderátum de este nuevo momento político. Por ello, la Asamblea Nacional debe proceder con grandeza, enviando un claro mensaje que refuerce el rumbo de rectificación y reencuentro y nos aleje de las miserias y errores, que todos cometimos y que nos llevaron al extremo deplorable de los hechos del 3 de enero pasado.

Confiamos en la inteligencia, grandeza y realismo de la Asamblea Nacional, para actuar de acuerdo con los códigos y las demandas actuales, que claramente son muy diferentes a los que prevalecían en el pasado. Nada puede estar por encima del interés de la nación venezolana, hoy amenazada en su integridad misma por fuerzas extranjeras e incomprensiones de algunos actores políticos internos.

En Caracas, a los 20 días del mes de marzo de 2026.

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