La crisis que atraviesa la clase trabajadora venezolana —activos, jubilados y pensionados— no es un accidente ni el resultado del azar. Es el producto de una política sistemática y continuada diseñada desde el patrono Estado para pulverizar el valor del trabajo y condenar a la miseria a quienes dedicaron su vida a construir el país. Ante un poder que apuesta al desgaste, a la división y al olvido, la respuesta de la clase obrera debe ser implacable: unidad sin fisuras, organización estratégica y constancia indomable. Esta lucha es de todos; aquí nadie sobra y cada quien debe aportar su grano de arena y sabiduría.

El Diagnóstico de la Destrucción: Salarios de Hambre y Bonificación

El reclamo central de los trabajadores venezolanos se fundamenta en el Artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el cual establece que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita cubrir la canasta básica. Hoy, la realidad es una bofetada: un salario mínimo inferior a los 3 dólares mensuales.

Para evadir esta obligación constitucional, el Ejecutivo nacional implementó la política de la "desalarización", sustituyendo el sueldo por bonos (como el Ingreso Mínimo Integral). Esta trampa financiera no incide en las prestaciones sociales, las vacaciones ni las utilidades. Las consecuencias son devastadoras:

Prestaciones de miseria: Hoy en día, el Ministerio de Educación jubila a un docente o trabajador administrativo pagándole entre 100 y 250 dólares de prestaciones sociales tras 25 o 30 años de servicio.

El colapso de la seguridad social: Con salarios base destruidos, es matemáticamente imposible sostener los fondos de previsión. El régimen de Nicolás Maduro reformó en 2014 la Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, eliminando las tasas fijas del 10% de descuento que antes........

© Aporrea