La madrugada del 6 de diciembre, un vehículo cargado con explosivos estalló en pleno centro de Coahuayana, en la costa michoacana del Pacífico, dejando al menos cinco personas muertas y más de una decena de heridas, entre ellas policías comunitarios y civiles.

El estallido destruyó fachadas, vehículos y parte de un hospital cercano, y detonó también un debate nacional: autoridades federales informaron inicialmente que investigaban el hecho como posible acto de terrorismo, aunque después la Fiscalía General de la República (FGR) rectificó y reclasificó la indagatoria como delincuencia organizada, en una región donde operan células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos locales, como Cárteles Unidos o Los Caballeros Templarios.

El vehículo, una pickup Dakota, habría ingresado desde el puente que divide Colima de Michoacán, en Coahuayana, y explotado frente a la base de la Policía Comunitaria de ese municipio, apuntando a una escalada inédita de violencia con artefactos explosivos incluso para una zona marcada por años de disputa armada entre cárteles, grupos de autodefensa, Ejército y policías.

La explosión no ocurrió en el vacío. Desde hace al menos cinco años, Michoacán es uno de los laboratorios de la violencia más cruda y sofisticada del país: grupos criminales han desplegado drones cargados con explosivos, minas antipersona enterradas en caminos rurales, artefactos improvisados, bloqueos con vehículos incendiados y emboscadas contra fuerzas comunitarias, municipales y federales.

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Municipios como Aguililla, Tepalcatepec, Coalcomán y Apatzingán han documentado el uso sistemático de estas tácticas de “guerrilla urbana”, y Coahuayana, que lleva varios años resistiendo el asedio del Cártel Jalisco —tal y como Animal Político documentó en esta crónica—, se suma a ese mapa de violencia explosiva.

El coche bomba que los criminales detonaron en ese pequeño municipio del Pacífico confirma una tendencia: la guerra criminal en la región ha escalado del control territorial al uso de armamento artesanal con capacidad de producir daños masivos, en un contexto donde la presencia estatal es insuficiente y las comunidades atrapadas entre los grupos en pugna se ven obligadas a huir.

“Definitivamente, en este 2025 ha habido un incremento de la violencia con uso de drones, minas y explosivos en Michoacán”, subraya una persona integrante del Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán, que pide anonimato por seguridad.

El Observatorio ha documentado al menos 26 eventos de violencia explosiva —incluyendo minas terrestres y drones— en la región de Apatzingán, entre 2022 y lo que va de este año. Esos eventos dejaron 33 personas muertas (14 de ellos militares) y otras 46 lesionadas, incluyendo un niño de apenas dos años en la localidad de Chandio, en Apatzingán.

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Además, el uso cada vez más frecuente de drones cargados con bombas artesanales y de minas antipersona que entierran en caminos rurales —hasta mayo, se habían registrado 10 víctimas por minas explosivas, una cada 14 días— también está generando numerosos episodios de desplazamientos forzados.

Al corte de este diciembre, el Observatorio lleva registrados diez casos activos de comunidades que fueron abandonadas por sus pobladores en 2025, debido a que se convirtieron en territorios minados y en disputa por tierra y aire: Guanajuatillo, Las Anonas, la Salatera, Acatlán, El Capire, El Alcalde, El Guayabo, Cerro Blanco, El Morado y El Mirador.

En abril pasado, Animal Político fue testigo en El Alcalde y El Guayabo de ese éxodo masivo: al menos 500 familias huyeron, luego de que facciones del Cártel Jalisco y Los Caballeros Templarios se enfrentaran con drones y por vía terrestre, y minaran los caminos de acceso a las comunidades, donde varios cortadores de limón han sido víctimas de las minas explosivas.

“El uso de artefactos explosivos es algo que preocupa mucho, sobre todo por la desmovilización de las actividades cotidianas de la ciudadanía. Y nos referimos a actividades productivas, como el corte de limón y también a la suspensión de clases, que es un efecto casi inmediato. Ante la presencia de explosivos en el territorio, ya sea por decisión de las autoridades, o de los padres de familia, la niñez y la juventud están dejando........

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