La política venezolana padece una adicción crónica a las sentencias exprés y al canibalismo institucional. Tras años de intervenciones judiciales para reasignar las siglas históricas de los partidos políticos, asoma ahora una propuesta tan alarmante como dañina: recurrir a una «rejudicialización» para deshacer el entuerto y devolver las tarjetas a sus antiguos directivos por la misma vía que se las quitaron. El planteamiento, aunque intente disfrazarse de «reparación histórica», es un error político y estratégico de graves proporciones. Pretender curar el veneno de la intervención judicial con más dosis del mismo veneno no es justicia; es perpetuar la muerte clínica de la democracia partidista en Venezuela.

El primer y más devastador efecto de esta ruta es la validación sumisa del peor precedente posible: la tutela judicial indefinida sobre la voluntad popular. Si la oposición y la sociedad civil aceptan que una nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es el mecanismo legítimo para otorgar la jefatura de una organización, están........

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