Durante años, Venezuela ha sido pensada y gobernada como si el país terminara en sus fronteras y solo se rigiera internamente como una república. Como si la nación coincidiera únicamente con el territorio que aún habitamos, y no también con los millones de venezolanos que se fueron, que viven fuera, que han reconstruido su vida lejos del país, pero que siguen siendo parte del estado y son venezolanos por nacimiento o por que sus padres han sido venezolanos como claramente lo define nuestra constitución como un pacto social. Sin embargo, actualmente existe un desfase entre la realidad venezolana y el diseño institucional, así como sus políticas públicas que se convertirá en uno de los problemas estructurales más profundos de este siglo si seguimos sin asumir un cambio coherente con nuestra propia sociedad y dinámica, incluso marcará a nuestros nietos o hijos en la Venezuela de los próximos 20 o 30 años y por eso la razón de repensar en nuestra nación dentro y fuera del territorio.

Venezuela tiene actualmente cerca de nueve millones de nacionales viviendo fuera del territorio, lo que representa aproximadamente el 32 % de la población total, estimada en unos 28 millones de habitantes. Dicho de manera simple y estadísticamente: uno de cada tres venezolanos vive fuera del país. No estamos frente a una diáspora marginal ni circunstancial, sino ante una transformación demográfica de gran escala que obliga a repensar el Estado, la ciudadanía y el pacto social.

Este proceso no puede seguir reduciéndose a una narrativa de migración económica, sanciones, vulneración de derechos humanos, turismo, crisis, búsqueda de oportunidades ni a lecturas morales sobre “quienes se fueron”. La migración venezolana es uno de los mayores procesos de movilidad humana en América Latina contemporánea y responde a flujos mixtos: migración forzada, económica, laboral, familiar, desplazamiento por crisis humanitaria compleja y búsqueda de oportunidades. Además, no ha sido lineal. Las trayectorias muestran movimientos sucesivos, país vecino, región, otros continentes, con procesos claros de reemigración regional y global, que para quienes estudiamos el fenómeno migratorio y hemos acompañado a parte de esa diáspora desamparada del estado entendemos claramente los retos que significan.

De este modo es preciso señalar que este caso en particular ya no se trata solo de migración, el tiempo ha condicionado nuevas variables y ha permeado las decisiones de quienes hoy residen fuera; y en consecuencia más allá de trabajar el retorno de una gran parte de esta población habrá que pensar en una transformación estructural del país como ya lo hicieron nuestros países hermanos del cono andino: Colombia, Ecuador y Perú, quienes tienen población transnacional o su propia diáspora y han adaptado sus propios sistemas internos ante los cambios sociales que significa que más del 10% de la población se radique fuera de sus estándares comunes, aunque son perfectibles claro está pero el primer paso es reconocerlo.

Un Estado con población transnacional

Cuando una nación tiene a un tercio de su población viviendo fuera, deja de ser un Estado pensado únicamente desde lo territorial a pesar de que históricamente se haya pensado como una unidad político territorial. Venezuela hoy es, de facto, un Estado con población transnacional, aunque sus instituciones aún no lo asuman. La ciudadanía venezolana se ejerce dentro y fuera del territorio, pero el diseño institucional sigue anclado a una lógica territorial que ya no corresponde con el contexto en la actualidad.

En este sentido la Constitución venezolana reconoce la nacionalidad por nacimiento como un derecho permanente y establece que esta no se pierde al adquirir otra nacionalidad. Reconoce también el derecho al sufragio como universal. Sin embargo, existe una brecha creciente entre ese marco constitucional y la experiencia real de millones de venezolanos en el exterior, cuyos derechos se ven limitados por sistemas que no fueron diseñados para una nación dispersa.

Un Estado se vuelve transnacional cuando una parte sustantiva de su población reside de manera permanente fuera del territorio, mantiene vínculos jurídicos, económicos, familiares y políticos con el país de origen, y continúa siendo titular de derechos y deberes frente a ese Estado, por esta razón el problema no es jurídico en su esencia sino institucional y político.

Una diáspora multigeneracional

La diáspora venezolana ya no es, como se pensó al inicio, mayoritariamente joven y universitaria, de hecho, el tiempo prolongado ha cambiado la composición del fenómeno, así que hoy en día hablamos de una diáspora multigeneracional que engloba: personas en edad productiva, profesionales, trabajadores y emprendedores que aportan a las economías de acogida, envían remesas, transfieren conocimiento y sostienen redes que incluso rompen la censura informativa en Venezuela.

Pero también hablamos de niños y jóvenes que crecieron fuera del país, muchos de ellos enfrentando barreras de documentación, dificultades para acceder a educación superior, procesos de integración incompletos y vínculos frágiles con el Estado venezolano. Esto tendrá consecuencias a largo plazo sobre la identidad, la pertenencia y la participación futura de estas generaciones en la vida nacional, y mucho más si no existe una política clara que abarque a todos los venezolanos desde la responsabilidad del Estado porque esto no va de tendencias ideológicas: en esa misma diáspora hay venezolanos de izquierda, de derecha, de diferentes sectores, pero todos comparten un mismo gentilicio y por esta razón suprema es menester abordar los fallos reales en el presente.

Núcleos familiares mixtos y nuevos desafíos

Un aspecto poco discutido, pero central, es el surgimiento de núcleos familiares mixtos. Familias binacionales y transnacionales, hijos con doble nacionalidad, niños nacidos fuera de Venezuela, pero hijos de venezolanos. Estas realidades no son excepciones, son parte estructural de la transformación social que ha producido la migración y que pocos hemos estudiado a detalle.

Estas familias evidencian que la identidad venezolana trasciende el territorio y plantean desafíos concretos en materia de reconocimiento jurídico, acceso a derechos civiles, participación política futura e integración en eventuales procesos de retorno. Obligan al Estado a pensar políticas públicas que reconozcan una nación cada vez más compleja, diversa y transnacional. Incluso si nos permitimos adelantarnos a nuestro tiempo en 30 años los hijos de la diáspora que también son venezolanos necesitarán un estado pensado desde esta óptica, incluso a pesar de que contamos con normas que impiden a quienes tengan dos nacionalidades ser presidentes, algo que es producto de años de exilio y ante esto el estado constitucionalmente tiene la responsabilidad de garantizar derechos para todos.

Esto nos lleva a la necesidad de redefinir las políticas públicas, la planeación articulada con la región del retorno y hasta la modificación del pacto social que derivó en la constitución de 1999.

Crisis consular, identidad y exclusión política

A esto se suma una crisis profunda del sistema consular y de documentación, relacionada con una política de gobierno tendiente a los cierres diplomáticos y consulares, demoras extremas, costos prohibitivos y ausencia de servicios han dejado a miles de venezolanos sin acceso efectivo a pasaportes, fe de vida, registros, apostillas, antecedentes penales o documentos básicos y hasta pasaportes anulados. Esto no es una falla administrativa menor realmente es una vulneración directa del derecho a la identidad.

Además, el sistema de identificación venezolano sigue siendo territorial y se rige por una Ley Orgánica de Identificación del año 2006, no actualizada a estándares internacionales ni a la realidad migratoria actual. Esto afecta especialmente a niños y jóvenes nacidos o criados fuera del país, que ven restringido su acceso a derechos fundamentales por su doble vulnerabilidad.

En el plano político, la exclusión es aún más evidente. Aunque la legislación reconoce el voto en el exterior, más de ocho millones de venezolanos viven fuera y apenas alrededor de 69 000 logran registrarse para votar en el último proceso electoral. Lo que representa barreras estructurales: requisitos documentales, exigencias de residencia, horarios limitados y cierres consulares. El resultado es una exclusión política masiva de una parte significativa de la nación, si nos ceñimos a los derechos civiles y políticos, que también es una realidad.

Retorno, protección y repensar el Estado

Hablar de retorno cuando exista democracia o estabilidad de acuerdo a las tesis políticas que actualmente se debaten en el momento político sin garantías jurídicas es irresponsable ya que muchos venezolanos han obtenido estatus de protección internacional, refugio, TPS o residencias especiales. Un retorno no planificado podría exponerlos a riesgos legales o persecución. De igual modo, un retorno masivo no puede ser espontáneo. Debe ser gradual, planificado y coordinado internacionalmente, considerando también el impacto en los países de acogida donde los venezolanos hoy contribuyen económica y socialmente.

Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable: Venezuela necesita un rediseño institucional que incorpore su dimensión transnacional. Esto implica una reforma consular integral, la modernización del sistema de identidad, una reforma electoral transnacional, políticas para núcleos familiares mixtos, un plan de retorno asistido con garantías y, eventualmente, una reforma constitucional que permita repensar la representación, la elegibilidad política y la inclusión de la diáspora y de la población retornada.

No se trata de bandos ni de filiaciones políticas, se trata de ciudadanía y esto se ve representado en nuestra carta magna. Debemos pensar, discutir y reconocer que Venezuela no es solo el territorio físico que habitamos o que se señala en la constitución, sino también la gente que se une en un mismo gentilicio, la que sigue siendo venezolana por nacimiento y por identidad.

Venezuela también está afuera y cualquier proyecto serio de reconstrucción nacional tendrá que asumirlo y llevarlo al debate.

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