La sociedad evoluciona y también las empresas se van sumando y van incorporando la discapacidad a su discurso de Responsabilidad Social Corporativa. A priori, es una buena noticia: más recursos, más visibilidad y más oportunidades. Sin embargo, la práctica está revelando una deriva preocupante que merece una reflexión profunda.

Cada vez con más frecuencia, las compañías trasladan a la sociedad y a las propias entidades la responsabilidad de decidir qué proyectos merecen financiación. Lo hacen a través de votaciones abiertas, campañas en redes sociales o concursos de popularidad que poco tienen que ver con la calidad técnica de las iniciativas.

Para las entidades sociales, esto supone entrar en una lógica perversa. Dejamos de competir en innovación, impacto o solvencia técnica, y pasamos a competir en visibilidad, capacidad de movilización o número de contactos. Se nos empuja a dedicar tiempo y recursos a pedir votos, a diseñar campañas llamativas, a 'vender' proyectos complejos en mensajes simplificados.

Parece una versión edulcorada de Los juegos del hambre: muchas organizaciones peleando entre sí por una ayuda que debería asignarse con rigor.

El resultado es previsible. Las entidades más grandes, más conocidas o con mayor capacidad de comunicación parten con ventaja. No necesariamente porque sus proyectos sean mejores, sino porque tienen más alcance. Mientras tanto, iniciativas pequeñas o altamente especializadas quedan fuera del foco.

La discapacidad no puede gestionarse desde la lógica del aplauso fácil ni del clic impulsivo. Si las empresas quieren contribuir de verdad, deben asumir su papel: analizar, seleccionar y financiar con criterios profesionales. Porque no se trata de premiar popularidad, sino de generar impacto real sobre necesidades reales.

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