En los delitos sexuales, el centro del debate jurídico y social suele girar en torno a una pregunta crucial: ¿Fue consentido? Sin embargo, esa pregunta —aparentemente simple— ha sido históricamente interpretada desde una lógica patriarcal que exige a las víctimas comportamientos estereotípicos de resistencia física activa, como gritar, forcejear o huir, para “demostrar” que no consintieron. Este enfoque, profundamente arraigado, no solo ignora el trauma y las reacciones psicológicas frente a la violencia sexual, sino que además desprotege a quienes, paralizadas por el miedo, el shock o el sometimiento emocional, no pudieron expresar su negativa de forma explícita.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como instrumentos como el Convenio de Estambul o la CEDAW, han reiterado que en los delitos sexuales debe privilegiarse un análisis que tenga en cuenta el contexto de poder, coerción, intimidación o control emocional en el que ocurre la agresión. Exigir resistencia física en esos escenarios equivale a desconocer la complejidad de las respuestas humanas al trauma, y constituye un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres y personas diversas.

Es por ello que hablar de consentimiento en los delitos sexuales exige reconocer, de manera honesta y basada en evidencia, que las personas no reaccionan de manera uniforme frente al miedo o a la agresión. Por el contrario, los estudios en neurociencia y psicología del trauma han demostrado que, ante una amenaza grave e inminente, el cuerpo humano activa respuestas automáticas de supervivencia que no siempre se traducen en resistencia física o verbal. Estas reacciones —como la parálisis, el congelamiento, la sumisión o la disociación— no son signos de consentimiento, sino mecanismos instintivos que buscan minimizar el daño y garantizar la........

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