El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y 9.200 euros de multa al fiscal general del Estado por el delito de revelación de secretos en un episodio sin precedentes en el que el defensor máximo de la legalidad pasa a la condición de delincuente. El fallo se ha adoptado por cinco votos contra dos, con la discrepancia de dos magistradas de la tendencia llamada progresista, Ana Ferrer y Susana Polo, que redactarán sus votos particulares. La unanimidad se antojaba, desde el principio, imposible, pero la sólida mayoría en favor de la condena del encausado fortalece indudablemente la orientación de la sentencia y la decisión del alto tribunal.

El caso del fiscal fiscalizado arrancó inmediatamente después de conocerse la decisión del juez Peinado de proceder a la imputación de la esposa del presidente del Gobierno, acusada de cinco presuntos delitos en su desempeño en operaciones empresariales tan atípicas como irregulares. Como si se tratara de una improvisada respuesta, estalló el escándalo de la........

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