La reunión de la junta directiva de Ecopetrol del próximo lunes será una de las más decisivas de los últimos años. No solo porque allí se definirá si Ricardo Roa continúa o no al frente de la empresa más grande del país, sino porque esa decisión marcará el futuro de una compañía golpeada por investigaciones judiciales, tensiones políticas, deterioro financiero y una creciente pérdida de confianza.

La discusión hace tiempo dejó de ser exclusivamente jurídica. Aunque Roa conserva la presunción de inocencia, su permanencia en el cargo se convirtió en un problema de legitimidad para Ecopetrol. Un presidente investigado por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias inevitablemente arrastra a la empresa a una crisis reputacional que hoy preocupa a inversionistas, trabajadores y accionistas minoritarios.

Esa preocupación ha crecido por los cuestionamientos sobre presuntas relaciones y operaciones empresariales alrededor de Ecopetrol con figuras como Alejandro Betancourt López y Francisco Convit, vinculados a investigaciones por el desfalco de PDVSA y señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como presuntos conspiradores. Aunque no existen acusaciones directas contra la compañía, la cercanía de estos nombres profundiza el desgaste reputacional.

A ese escenario se suma la situación financiera de la empresa. La Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo (USO) ha advertido que Ecopetrol acumula una deuda cercana a los 30.000 millones de dólares, en medio de tasas de interés más altas, menores utilidades y una capacidad de maniobra cada vez más limitada. La empresa pasó de registrar ganancias históricas de 33 billones de pesos en 2022 a cerca de 9 billones en 2025, su nivel más bajo desde la pandemia.

La preocupación no es menor. Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York y está sometida a la vigilancia de autoridades internacionales que regulan los mercados financieros y protegen a los inversionistas. Cualquier avance de las investigaciones judiciales o cualquier señal de debilidad en materia de gobierno corporativo podría traducirse en mayores costos de deuda, dificultades de financiación y pérdida de valor en los mercados.

Por eso, la USO ha manifestado que, si la junta insiste en mantener a Roa, podría convocar movilizaciones, protestas e incluso un paro que afecte la producción y el transporte de combustibles. Esta advertencia toma mayor relevancia si se tiene en cuenta que el sindicato representa cerca de una tercera parte de la fuerza laboral de Ecopetrol y que cualquier interrupción tendría un impacto significativo sobre la operación de la compañía y el abastecimiento energético del país.

En medio de esta crisis, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien también fue presidente de la USO, ha insistido en que la decisión corresponde exclusivamente a la junta directiva y que debe respetarse la autonomía del gobierno corporativo.

Sin embargo, el problema de fondo va más allá de la continuidad de un directivo. Ecopetrol parece atrapada entre dos presiones contradictorias: avanzar hacia una transición energética responsable y, al mismo tiempo, sostener financieramente una empresa que sigue siendo clave para los ingresos fiscales, las exportaciones y la seguridad energética del país.

Mientras el mundo atraviesa nuevas tensiones geopolíticas y varios países fortalecen sus reservas de petróleo y gas, Colombia parece avanzar en sentido contrario. La incertidumbre sobre nuevas exploraciones, los mensajes ambiguos del Gobierno y la falta de reglas claras han debilitado la confianza inversionista y aumentado la presión sobre las reservas disponibles.

El próximo lunes no solo se decidirá el futuro de Ricardo Roa. También se pondrá a prueba la capacidad de la junta directiva para proteger la reputación, la sostenibilidad y el rumbo de la empresa más importante de Colombia.

© Vanguardia