Colombia está a semanas de un desenlace institucional histórico. Las plenarias del Congreso debaten la ley de procedimientos de la Jurisdicción Agraria, una norma indispensable para saldar la deuda histórica de una justicia especializada que resuelva los conflictos del campo. Sin embargo, el proyecto está encallado por una peligrosa ambición del Ejecutivo: vaciar de contenido a los nuevos jueces antes de que empiecen a operar.

La discrepancia es profunda. Mientras la oposición defiende la intervención judicial para proteger la propiedad, el Gobierno pretende que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tenga facultades plenas y unilaterales para decidir sobre la clarificación de títulos, el........

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