Los bloqueos que asfixiaron a Santander y al país no son caprichos del azar. Son el grito de una ruralidad herida por la Resolución 2057 de 2025, un instrumento que ordenó ajustar avalúos de forma automática y masiva en 527 municipios (68 en Santander). El propio director del IGAC lo ha admitido: se cometieron injusticias. Se pretendió tasar la tierra desde un escritorio, sin inspección física, ignorando la bota en el barro, la capacidad productiva y la realidad física del predio. Se equiparó el surco del campesino con la especulación del asfalto citadino.

Nadie niega que Colombia arrastra un rezago catastral crónico y que es urgente que los latifundios improductivos tributen lo........

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