Hay decisiones del Estado que no requieren un gran debate jurídico para entender que algo no está bien. Basta el sentido común. Lo que está ocurriendo con alias “Calarcá” es uno de esos casos en los que cualquier ciudadano, sin necesidad de conocer normas o ser abogado, percibe que la lógica se rompió. Mientras la Fiscalía anuncia imputaciones por delitos gravísimos cometidos, además, en medio de un proceso de negociación, la orden de captura de algunos bandidos permanece suspendida. Es decir, el propio Estado reconoce que hay hechos que merecen reproche, pero al mismo tiempo mantiene una situación en la que ese reproche no tiene una consecuencia inmediata.

El problema no es la negociación. Colombia lleva décadas intentando encontrar........

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